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DEFIENDE LABOR. La ex primer edil de Tlaquepaque asegur� que su contrato es legal y transparente. (Foto: Especial)
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Para “lo que ordene el gobernador”. Así es como María Elena Limón García, ex presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque y ex diputada federal, describió sus funciones en el gobierno de Jalisco, con lo que evadió especificar sus acciones puntuales en la administración estatal.
“Tenemos (las actividades) que ordene el gobernador y el propio secretario de Gobierno (Salvador Zamora Zamora). No, (nada específico), (pero sí realizo) algunas cuestiones que requieren mi presencia como acudir a algunos Municipios por mi experiencia en haber sido munícipe por seis años. Lo que ellos me van diciendo por supuesto que lo hago con mucho gusto”.
La funcionaria fue contratada en junio por la Secretaría de Administración para un periodo de tres meses, tiempo por el que se le pagaron más de 233 mil pesos. En el documento, al que tuvo acceso NTR vía transparencia, sólo se menciona que fue contratada para “aplicar su capacidad y sus conocimientos para cumplir satisfactoriamente con las actividades que se le encomienden”.
La respuesta vía transparencia también reveló que la funcionaria no trabajó para la Secretaría de Administración, sino para la Secretaría General de Gobierno (SGG), cuyo titular, Salvador Zamora, refirió anteriormente que la ex alcaldesa había sido comisionada a la SGG por la primera dependencia, lo cual fue negado por ésta.
Al respecto, la ex presidenta municipal defendió su contrato al considerarlo legal y transparente, se dijo tranquila y afirmó que no le preocupa tener contratos trimestrales.
“Todo es muy transparente y mi experiencia lo avala, yo estoy muy contenta como les digo y si ustedes piden la información, la Secretaría de Administración se las va a dar”.
Consultada sobre por qué la Secretaría de Administración niega tener oficio de comisión en su caso, dijo desconocer y afirmó que tendrá que ser la propia dependencia la que lo aclare.
EL CONTRATO YA SE LE RENOVÓ
El 31 de agosto venció el compromiso de Limón García en el gobierno de Jalisco, pero la ex alcaldesa sigue en labores en la SGG, pues su contrato fue renovado por la Secretaría de Administración, aceptó Salvador Zamora, quien defendió el puesto de la también ex diputada federal pese a que tampoco pudo especificar sus tareas.
“Sí, por supuesto (se le va a extender su contrato). La funcionaria ha hecho un muy buen trabajo, sigue trabajando acá en la SGG. Ha estado atenta en el tema de El Salto por su buena relación con la presidenta municipal y en la gestión (de apoyo para familias afectadas por inundaciones), y en muchas gestiones de industrias, de empresas”.
Añadió que el contrato se le renovará “cada tres meses, evidentemente después de (una) evaluación, como a todos los funcionarios, se les renueva o no el contrato”.
Respecto a la falta del oficio de comisión reconocida por Administración, insistió en que esa es la figura con la que trabaja no sólo Limón, sino un número indeterminado de funcionarios de la SGG.
“Sí hay un oficio de comisión en el primer contrato de tres meses, habrá que ver por qué dicen lo contrario”.
El secretario concluyó con la afirmación de que la contratación de Limón García se hizo a través de la Secretaría de Administración porque la SGG no tiene, en la actualidad, el presupuesto necesario, pero anticipó que si en el futuro lo tiene, a Limón García se le hará un contrato de manera directa.
Contratación no está justificada formalmente: Lucía Almaraz
La contratación de la ex presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón García, no está justificada de manera formal ni la necesidad de sus servicios, aseguró la académica Lucía Almaraz Cázares, al ser consultada sobre el caso.
Además, la consideró ilegal, ya que no reúne el perfil para ocupar un cargo en la Secretaría General de Gobierno (SGG), con un salario de más de 78 mil pesos mensuales, ya que solo acredita estudios terminados hasta preparatoria.
La también ex presidenta del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) dijo que sí hay elementos para abrir una investigación al respecto. Explicó que, a pesar de que la figura de contratos por honorarios en el servicio público es legal, también es controvertida porque se utiliza sin los controles adecuados y sin señalar las acciones concretas que se realizarán.
Además, consideró que el salario que recibe, cercano a los 78 mil pesos mensuales, es desproporcionado, ya que “tampoco con el perfil académico acreditado”.
Explicó que aunque en las biografías que publica María Elena Limón se adjudica la licenciatura en Trabajo Social, no hay registro de su título, además que en sus perfiles públicos, como el de la Cámara de Diputados, se menciona que solo tiene hasta la preparatoria terminada.
Sobre la legalidad de la contratación, recordó que la Constitución prevé que el gasto público debe ejercerse bajo los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia y rendición de cuentas. Además, apuntó que la legislación sobre servidores públicos señala que “toda contratación debe sustentarse en el mérito, en la competencia técnica y en el respeto y a la legalidad”.
La académica también mencionó que la Ley de Austeridad y Ahorro del estado prohíbe explícitamente la creación de estructuras paralelas que no justifiquen su función en la administración pública, que es este caso, porque las tareas que el secretario de Gobierno, Salvador Zamora señaló le fueron conferidas a la ex presidenta municipal de Tlaquepaque, son atribuciones de otro personal de esa misma dependencia.
Finalmente, dijo que el salario que recibe Limón García es desproporcionado porque no hay entregables ni verificables de las tareas que realiza “y además no hay competencias acreditadas”. Sonia Serrano Íñiguez
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