Ya anteriormente habíamos reconocido lo benéfico del programa Salud Casa por Casa, que consiste en brindar servicios médicos y medicinas en forma gratuita y a domicilio a personas adultas mayores y con discapacidad, y el cual implementa el gobierno federal desde este año; sin embargo, hoy reconoceremos lo cuestionable que tiene el mismo programa.
Iniciaremos retomando el postulado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) titulado “No hay salud sin salud mental” y su reciente declaración de que más de mil millones de personas en el mundo viven con afecciones en su salud mental. Luego reiteramos, como lo hemos venido haciendo desde hace muchos años, que los servicios públicos de salud mental son insuficientes y excluyentes porque con la infraestructura que se cuenta no se puede garantizar el acceso universal y la calidad de los mismos servicios y porque normalmente no están concebidos para atender a determinados sectores poblacionales de alta vulnerabilidad.
Es fundamental que el gobierno federal reconozca que la mayoría de las personas adultas mayores, que casi la totalidad de las personas con enfermedades crónico-degenerativas y muchas de las personas con discapacidad viven cotidianamente con afecciones en su salud mental (trastornos depresivos, de ansiedad y del dormir, ideación suicida, demencias, etc.); que requieren atención psicológica y psiquiátrica y que no están en condiciones de salir de su hogar o asilo para ser atendidas, y que, particularmente, muchas personas adultas mayores y con enfermedades crónico-degenerativas están viviendo dolorosamente (física y mentalmente) los últimos días de sus vidas y que también requieren servicios de cuidados paliativos y tanatológicos.
Lamentablemente los servicios de salud que se ofrecen a través de este programa federal y algunos estatales no atienden estos aspectos. No quiero creer que no les importe, pero en los hechos es como si no les importará.
Estoy convencido de que hemos avanzado muy poco en transformar la concepción dominante y dicotomizada de la salud (concreta en este programa) hacía una concepción de salud integral, más humana, incluyente y ética, que reconozca a todos las personas como seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales.
Estoy cierto de que ello representa inversión económica, pero lo cierto también es que representaría el ejercicio pleno del derecho de las y los mexicanos a la protección de su salud integral, derecho constitucional prioritario. Hay que dejar de gastar en altos salarios, en los altos financiamientos a los partidos políticos, en el derroche gubernamental y erradicar definitivamente la corrupción.
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