Un rancho, un gesto y un cambio

El gesto funciona, pero si no se cambia la estructura, solo habrá valido para la foto. La semana pasada, en el antiguo recinto legislativo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ofreció una disculpa pública por las omisiones del Estado frente a los casos de desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso, Bernardo Sedano y Carolina Naranjo, ocurridas en 2010 en la frontera entre Jalisco y Zacatecas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos había exigido este acto tras documentar graves fallas en la investigación.

La disculpa debió ocurrir meses atrás, pero un error en la logística, atribuido a la insensibilidad de algunos funcionarios, terminó en gritos y protestas.

Organismos de derechos humanos y colectivos de familiares advirtieron que el gesto podía quedarse en lo simbólico: sin resultados concretos ni continuidad en las investigaciones, la disculpa solo abriría más heridas.

En estos días circula en librerías Testigos del horror (Grijalbo), de la periodista Sandra Romandía, que rescata testimonios de sobrevivientes del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Ese lugar llegó a los titulares internacionales porque funcionó como campo de exterminio y reclutamiento criminal. El libro es incómodo, y debe serlo: en once capítulos revela la versión más cruda y aberrante de la violencia en México.

Un capítulo central muestra a un testigo que trabajó en el círculo íntimo de los líderes de la célula criminal que dominaba Tala y Teuchitlán, el cártel de “las cuatro letras”. Ahí se describen mecanismos de desaparición orquestados durante años con la protección de gobiernos omisos. Se documenta incluso el uso de la Central Camionera como punto de operaciones para capturar y desaparecer personas.

El libro revela horrores aún más perturbadores: la desaparición sistemática de menores y la utilización de ranchos como centros para el tráfico de órganos. Las madres buscadoras han encontrado restos y materiales propios de quirófanos, señales de un método de extracción clandestina.

El Rancho Izaguirre no es una excepción, sino un botón de muestra de la maquinaria del horror que lleva más de una década operando en el país. Por eso la disculpa de Lemus importa, pero también se queda corta. El gesto puede conmover, pero sin presupuesto, sin estrategia y sin justicia, sólo será otra fotografía.

Si el gobernador dice estar sensibilizado, debe demostrarlo atendiendo la crisis forense de Jalisco. Los colectivos piden más de 350 millones de pesos para un fondo estatal que permita procesar fosas clandestinas. Se necesitan especialistas en ciencias forenses, despresurizar la morgue, mecanismos legales que faciliten a las familias acceder a declaratorias de ausencia. Que los hijos de los desaparecidos reciban apoyos sociales y que las madres puedan buscar con seguridad y sin miedo a represalias.

El gesto abre la puerta, pero el cambio sólo será real si, más allá de las disculpas, se apuesta por la verdad, la justicia y la memoria.

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