Denuncias�

Cuando era chico recuerdo bien que nos espantaban con “el robachicos”: no abras la puerta, no hables con extraños, podría llevarte lejos el robachicos y no nos volveríamos a ver. Este personaje es la versión antigua de los actuales autores de las desapariciones, te robaban de tu familia y te llevaban a hacer trabajo forzado pidiendo limosna o vendiendo golosinas en alguna esquina perdida de una ciudad. 

Hoy en día, la desaparición de personas en México es una tragedia humanitaria de enormes proporciones, marcada por cifras alarmantes, fallas institucionales graves y una impunidad casi absoluta. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta finales de 2024 existían más de 120 mil personas desaparecidas en el país, de las cuales alrededor de 35 por ciento seguían sin localizar. De 1962 a mediados de 2023, de un total de más de 293 mil personas reportadas, unas 111 mil siguen desaparecidas o no localizadas. 

En Jalisco la problemática también es intensa: algunos estudios reportan más de 16 mil personas desaparecidas, mientras que la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas (FEPD) tiene más de 12 mil investigaciones activas entre 1995 y 2023. Sin embargo, solo 2 por ciento de esas investigaciones han sido judicializadas, y apenas unas decenas han culminado en sentencias condenatorias. 

Este problema sucede por diversos motivos entre los cuales están falta de carpetas de investigación y fallas en la investigación. 

1. Registro sin apertura de carpeta. En muchos casos, cuando se denuncia una desaparición, no se abre una carpeta de investigación formal, sino que el caso queda sólo en algún registro administrativo sin seguimiento real. Esto impide que se investigue bajo los protocolos legales correspondientes. 

2. Sobrecarga y falta de personal especializado. En Jalisco, agentes del ministerio público encargados de desapariciones pueden tener entre 370 y hasta 800 carpetas a su cargo, lo que significa que cada caso recibe muy poca atención. 

3. Recursos insuficientes. Las fiscalías, servicios periciales y ciencias forenses carecen de presupuesto, tecnologías y personal para realizar búsquedas, análisis forenses, identificación de restos humanos, etcétera. 

4. Falta de diligencia, coordinación y seguimiento. En muchos casos las líneas de investigación no se exploran con urgencia, no se investigan delitos conexos (como trata de personas, secuestro, participación de autoridades), y hay poca coordinación entre fiscalías estatales/federales, policía, servicios forenses y organismos de derechos humanos. 

5. Impunidad persistente. De los 66 mil 389 casos de desaparición entre 2017 y enero de 2025, apenas 373 sentencias condenatorias se han registrado, lo que equivale a 0.56 por ciento del total. En Jalisco los casos son proporcionales: miles de casos, muy pocas condenas. 

6. Victimización secundaria y desconfianza. Las familias de los desaparecidos frecuentemente enfrentan amenazas, negligencia, falta de acceso a la información y demoras. Se sienten abandonadas por las autoridades, lo cual desincentiva denunciar o colaborar. En Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado ocasiones en que los derechos humanos de los familiares se han violado debido a investigaciones deficientes. 

En suma, la desaparición forzada o cometida por particulares en México es una crisis estructural: numerosas víctimas, pocas respuestas, un sistema negligente y que está rebasado. Hay un asunto que la magnitud del problema exige: abrir todas las carpetas que deben abrirse, dotar de recursos reales, cumplir protocolos, responsabilizar a quienes fallen, y restituir la dignidad de quienes han sido olvidados. 

Sin carpetas de investigación, no hay búsqueda real, no hay responsables y, en consecuencia, se perpetúa la impunidad que alimenta esta tragedia nacional. Hay que corregirlo. 

Así sea. 

X: @benortegaruiz

jl/I