Jalisco: territorio de la impunidad

Ante las desapariciones en México impera una impunidad casi absoluta. No se trata de casos aislados, sino “es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas”. La impunidad “opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicarlas y prevenirlas”. Asimismo, “la tortura y los malos tratos (…) son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”. Estas son observaciones reiteradas por organismos internacionales, advirtiendo cómo la falta de sanción perpetúa la violencia y el sufrimiento de las víctimas.

En Jalisco, la impunidad no sorprende a nadie. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública revela que 91.7 por ciento de los delitos cometidos en 2024 no fueron denunciados ni investigados. La causa principal: la falta de confianza en las autoridades y la certeza de enfrentar trámites largos, humillantes y sin resultados. Esta desconfianza no es una percepción, sino un hecho respaldado por datos: del 9.7 por ciento que sí decidió denunciar, solo en 85.1 por ciento se abrió una carpeta de investigación y, en 45.6 por ciento de esos casos, “no ocurrió nada”.

El Censo Nacional de Procuración de Justicia 2025 confirma el colapso de justicia en Jalisco, liderando el estado el rezago nacional, con más de 504 mil carpetas de investigación sin resolver, estando uno de cada cinco casos pendientes en México en los archivos de la Fiscalía jalisciense.

Un reflejo de la impunidad sistemática en Jalisco son los delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos: la desaparición y tortura. Hasta el 31 de agosto de 2025 existían 14 mil 099 expedientes por desaparición, de los cuales 89 por ciento corresponde a casos donde la persona sigue desaparecida. De esa magnitud, apenas 99 personas fueron sentenciadas por desaparición cometida por particulares y 22 por desaparición forzada.

En materia de tortura, el panorama es aún más alarmante. Hasta el 30 de junio de 2025, la Vicefiscalía de Derechos Humanos reportó mil 485 carpetas de investigación con apenas 39.9 por ciento activas; sin embargo, ninguna de ellas derivó en una sentencia, evidenciando una impunidad absoluta, y que la tortura es un crimen sin castigo.

En los últimos meses volvió a posicionarse la exigencia de creación de fiscalías especializadas de tortura y desaparición, con verdadera autonomía y capacidad técnica, como mandatan las leyes y organismos internacionales. En mayo se aprobó la creación de la fiscalía de tortura, pero el dictamen, casi cinco meses después, sigue sin publicarse ni acompañarse de reformas secundarias que quedaron en el discurso. Asimismo, hace dos semanas, el gobernador prometió una iniciativa similar para la fiscalía de desaparición, construida con familias y organizaciones. Tampoco hay avance alguno.

Estas reformas son indispensables para romper las estructuras de colusión que atraviesan al sistema de justicia, evidenciado en tortura y desapariciones forzadas cometidas por agentes de la propia Fiscalía, o el caso Teuchitlán. También urge priorizarlas ante el próximo ejercicio fiscal, si se pretende dotarlas de verdadera capacidad operativa y que no fueran otra promesa de justicia vacía, siendo por ejemplo hoy sólo 42 agencias del Ministerio Público para investigar desapariciones en todo el estado.

Los organismos internacionales han sido claros: hay que erradicar las causas estructurales de la impunidad y las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia. Si nada cambia, la impunidad seguirá escribiendo la historia de Jalisco y del país.

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GR