Analizan urgencia de proteger a las infancias del reclutamiento

Ante el reclutamiento forzado de menores, el Congreso de Jalisco reunió a legisladores, magistrados, expertos en derecho y representantes de organismos internacionales para debatir la creación de un tipo penal local que proteja a niñas, niños y adolescentes. Durante la mesa de trabajo se abordaron la competencia del Congreso estatal frente a la Ley General de Trata de Personas, la posibilidad de duplicidad normativa, la urgencia de proteger a la infancia y la necesidad de un tipo penal local que incluya agravantes, modalidades de participación y mecanismos de prevención y restitución de derechos.

La diputada Norma López encabezó la sesión y subrayó que el principal desafío es jurídico: “si no se supera el punto de la competencia, no podemos pasar al fondo del asunto”. Advirtió que la propuesta actual podría duplicar conductas ya contempladas en la Ley General de Trata y carecer de taxatividad, lo que derivaría en una posible acción de inconstitucionalidad.

Por su parte, el Leandro Astin, experto en derecho penal y constitucional, sostuvo que la materia es de competencia exclusiva federal, conforme al artículo 73 de la Constitución. Señaló que el reclutamiento ya se encuentra previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley General de Trata, por lo que las entidades federativas no tendrían facultades para legislar de manera independiente.

En contraste, Thais Loera, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), defendió la competencia estatal bajo el principio de residualidad del federalismo. Argumentó que el reclutamiento afecta bienes jurídicos locales, como la integridad familiar y el desarrollo infantil, por lo que Jalisco puede tipificarlo sin contravenir la ley federal. Además, citó criterios de la Suprema Corte y recomendaciones internacionales que respaldan la concurrencia legislativa en delitos contra menores.

Damián Campos coincidió en que el problema es principalmente operativo: aunque las leyes existen, las dificultades radican en la investigación y judicialización de los casos. Advirtió que, si no se logra demostrar el vínculo con la delincuencia organizada, los reclutadores podrían quedar en libertad.

El representante de UNICEF, Juan Rodríguez, respaldó la creación del delito como figura autónoma, argumentando que el reclutamiento tiene métodos y finalidades distintas a la trata o la corrupción de menores. Aseguró que los marcos actuales no abarcan la totalidad del fenómeno, donde los menores son a la vez víctimas y posibles victimarios.

Mónica Magaña cerró la cuarta mesa de la iniciativa destacando que, aunque no se coincidiera en todo, era importante avanzar con acuerdos claros. Subrayó que el reclutamiento de menores no está tipificado actualmente en Jalisco y que la iniciativa busca visibilizar y proteger de cualquier captación, sea o no vinculada al crimen organizado.

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