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Foto: Especial
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En una mesa de trabajo realizada ayer en el Congreso de Jalisco, diputadas, autoridades judiciales y especialistas analizaron la importancia de reconocer el acecho como un delito autónomo. La iniciativa busca sancionar conductas de seguimiento, vigilancia o intimidación reiteradas que afecten la seguridad, libertad e intimidad de las mujeres.
Durante el encuentro se discutieron agravantes, medidas de protección, implicaciones digitales y coordinación con la Fiscalía del Estado (FE) con el objetivo de fortalecer el dictamen antes de su aprobación y prevenir delitos de alto impacto como feminicidios y desapariciones forzadas.
En su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Gabriela Cárdenas Rodríguez explicó que el acecho implica vigilar, seguir o intimidar reiteradamente a una persona con el fin de causarle temor o daño, y subrayó que su tipificación busca reducir delitos de alto impacto.
A su vez, la diputada morenista Norma López Ramírez explicó que el dictamen en análisis propone incorporar el artículo 193 bis al Código Penal de Jalisco para sancionar con penas de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 5 a 20 unidades de medida y actualización (UMA), es decir, de 565 a 2 mil 262 pesos, a quien “siga o vigile persistentemente a alguien en contra de su voluntad, atentando contra su seguridad, libertad e intimidad”. La legisladora apuntó que la conducta debe ser reiterada al menos tres veces y alterar la vida cotidiana de la víctima, y que la sanción será proporcional al daño causado.
Por su parte, la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) Miriam Rincón Ochoa advirtió que el acecho es un antecedente común en casos de violencia extrema y su omisión en el Código Penal constituye una forma de violencia institucional. Propuso incluir agravantes para cuando el delito se cometa por interpósita persona o mediante medios electrónicos, esto en concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.
La coordinadora de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, Sofía García Mosqueda, manifestó su preocupación por la reducción de las multas planteadas en el último dictamen sobre acecho, pues pasaron de un rango de 100 a 500 UMA al de 5 a 20 UMA, lo que dijo, “minimiza la gravedad del delito”. Pidió también armonizar el Código Nacional de Procedimientos Penales para fortalecer la investigación de pruebas digitales.
La diputada Gabriela Cárdenas cerró la sesión comprometiéndose a incorporar las propuestas planteadas, particularmente las relacionadas con agravantes y medidas de protección.
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