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FOTO: Michelle V�zquez
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Ante el aumento de asaltos y agresiones contra repartidores en la Zona Metropolitana de Guadalajara, trabajadores del sector impulsaron la creación de un mapa ciudadano que localiza los puntos de mayor riesgo. La herramienta, elaborada por el colectivo Repartidores Unidos de Jalisco, busca brindar información a quienes diariamente recorren las calles sin respaldo de las plataformas digitales ni protección oficial: desde repartidores de comida o paquetería hasta choferes de transporte y proveedores locales.
“Todo surgió porque vimos que había compañeros que eran asaltados una y otra vez en los mismos lugares”, explicaron los promotores del mapa.
El instrumento funciona como un registro ciudadano de delitos: muestra puntos geográficos donde se han denunciado asaltos, fraudes, robos de vehículos, agresiones con armas y homicidios. Cada reporte se documenta con la ubicación y da una breve descripción del evento. El mapa comenzó a desarrollarse a principios de 2024 y actualmente contiene decenas de reportes georreferenciados.
Según los reportes, las zonas con mayor incidencia de asaltos y robos se concentran en Tonalá, Oblatos, Plaza Fórum Tlaquepaque y tramos de la carretera Guadalajara-Zapotlanejo, donde los delincuentes colocan piedras o trampas para detener motocicletas y vehículos.
En varios de estos puntos se han registrado casos de violencia con armas de fuego y algunos repartidores han sido perseguidos o atacados durante los trayectos. También se han documentado fraudes a repartidores; por ejemplo, usuarios piden productos y desaparecen con el pedido sin pagar o entregan billetes falsos.
“Los incidentes más graves están marcados en color negro dentro del mapa”, detallan los creadores del mapa.
Los repartidores señalan que la exposición a la violencia se agrava por la falta de respaldo de las plataformas digitales. Aunque algunas aplicaciones ofrecen seguros de accidentes viales, estos no cubren robos ni asaltos; además, en casos de cancelación por inseguridad las empresas suelen cargar deudas a los trabajadores y bloquear su acceso a la aplicación hasta que realicen el pago.
Más allá de la prevención del delito, los repartidores del colectivo reconocen que el problema de fondo es la precarización laboral del sector.
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