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En medio de una crisis política, el Congreso del Estado, con numerosos pendientes acumulados, enfrenta uno más, que probablemente ni siquiera tenían en el radar: la obligación de crear una agencia de simplificación y digitalización de trámites, como lo exige la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
Esta ley, publicada en julio pasado, busca unificar la política de digitalización de trámites en todos los estados y municipios. La rectoría del ambicioso proyecto corre a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por Pepe Merino, y la Dirección de Simplificación Administrativa, Crystell Arellano.
Arellano explicó en una reunión con integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la UdeG y el Grupo Compromiso Jalisco, que pretenden un portal único nacional para todos los trámites y servicios del país. Además, la Agencia de Transformación busca la soberanía tecnológica mediante una fábrica de software y un repositorio nacional con soluciones gratuitas para estados y municipios sin recursos.
El artículo 25 de la nueva ley exige que los estados y municipios desarrollen sus propias instancias para simplificar trámites y crear soluciones tecnológicas, funciones que hoy están dispersas. Estas nuevas áreas deben estar adscritas al Ejecutivo y tener facultades transversales para actuar en todas las secretarías. El transitorio otorga 180 días para cumplir el mandato; Baja California, Chiapas, Tamaulipas y Oaxaca ya lo hicieron.
La fecha límite es el 17 de enero, tiempo escaso para resolver un galimatías, pues uno de los requisitos es que la nueva entidad concentre todas las funciones relacionadas con temas informáticos y de tramitología, que actualmente están dispersas en diversas oficinas.
Los diputados deben hilar fino para que este esquema también permita impulsar sus propios avances y aportaciones desde su contexto local. Especialistas como Edgar Ruvalcaba, investigador de la UdeG y referente en Jalisco en la materia, han señalado que una agencia digital local debe ir más allá de la mejora regulatoria, con asuntos como la gobernanza digital, la interoperabilidad de datos y el uso ético de algoritmos e inteligencia artificial para mejorar la atención ciudadana.
El reto no es menor: se requiere especialización técnica, profundidad de análisis y una pericia legislativa que, hasta ahora, salvo honrosas excepciones, los diputados no han demostrado. Y peor aún, en medio de una crisis política y otros grandes pendientes como la reforma judicial, la reforma de transparencia y el Presupuesto de 2026.
La creación de una agencia digital en Jalisco es una oportunidad para redefinir el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. El temor fundado es que en el Congreso Local no tengan la capacidad para sacar adelante este desafío, ante las condiciones adversas.
*Investigador de la UdeG
X: @julio_rios
jl/I
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