'Endereza' la ONU al gobierno estatal

A cinco meses de la declaratoria de la Alerta de Violencia contra las Mujeres (AVM) en ocho municipios del estado, la metodología para medir los resultados e impacto será reorientada frente a la falta de claridad. Para que el estado aceptara modificar algunos aspectos, la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) fue clave, así ahora la Secretaría General de Gobierno (SGG) tendrá el control del mecanismo y el Instituto Jalisciense de las Mujeres sólo fungirá como colaborador.

Para el comisionado de la ONU-DH México, Jan Jarab, si bien el estado admitió la problemática, las acciones implementadas quedan a deber, pues a su consideración no ha sido suficiente lo realizado hasta el momento.

“En el número de casos de violencia en contra de las mujeres, el proceso ha empezado bien, pero en este momento no es adecuado al tamaño del problema, el reto de las autoridades es fortalecer y romper los estereotipos culturales que crean un contexto de esta violencia contra las mujeres”.

Por tanto, a su consideración, se debe fortalecer el mecanismo debido a que se tienen “retos importantes en términos de violencia contra las mujeres y las desapariciones” y establecer una “verdadera sinergia” entre agrupaciones no gubernamentales y estado que vaya más allá de reuniones.

Además, refirió que el estado debe tener plena conciencia del respeto de los derechos humanos con perspectiva de género, aumentar su capacidad para atender la problemática y la alerta, e implementar reformas eficaces, pues en 2017 México será evaluado por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw).

Por ello, en reunión a puerta cerrada entre representantes de organizaciones no gubernamentales expertas en el tema, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno estatal admitió las observaciones que emitió el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Dichas observaciones son resultado de una revisión para detectar las fortalezas y vacíos de la implementación del mecanismo de protección para las mujeres, en el cual organizaciones civiles feministas concluyeron que la metodología que hasta ayer se había establecido “no es la que puede permitir hacer una observancia y poder medir los resultados e impacto” de la AVM. Aunque reconocieron que el periodo que ha pasado desde la activación de la AVM ha sido corto, aseguraron que se advierte que “hay cosas que difícilmente van a tener un resultado”.

“Vamos a reencauzar la metodología para que las mesas de trabajo tengan resultados de indicadores no sólo de procesos, sino impactos que favorezcan una vida libre de violencia, poder enfrentar el feminicidio, la desaparición de mujeres y la violencia sexual. Se replantean las maneras y formas en que hay que cumplir con la medida, que se dirijan mucho más los esfuerzos tanto humanos como económicos y los indicadores de resultado impacto que sean muy claros”, señaló María de la Luz Estrada, coordinadora del observatorio.

Nuevo mando

También, por recomendación, se entregarán las riendas del mecanismo al titular de la SGG, Roberto López Lara, debido a que se requiere “alguien que pueda llamar a los secretarios, de lo contrario, si lo dejamos en un nivel al que realmente todo mundo le hace caso omiso, el impacto va a ser igual, no se va a tener avances”.

Hasta ayer, quien tenía la batuta de la AVM era la titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo Beristáin, quien se topó con la negativa o mala actitud de secretarios para trabajar en las recomendaciones de la declaratoria, tal es el caso de los dos titulares de la Secretaría de Salud que ha tenido la dependencia desde que se activó la AVM, quienes no han atendido los llamados, lo que atoró el avance de la guía de interrupción del embarazo en caso de violación.

Otro aspecto que deberá cumplir el gobierno es formalizar el decreto de la declaratoria de la AVM, debido a que hasta el momento la activación del mecanismo no se ha publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, pese a que ésta se declaró el 8 de febrero.

La publicación deberá integrar aspectos como explicar en qué consiste la declaratoria, cuáles son las recomendaciones, qué autoridades son responsables del cumplimiento de los puntos recomendatorios y el periodo establecido para su consumación.

Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, advirtió que el organismo no quitará el dedo del renglón en el tema de los feminicidios en Jalisco, sobre todo ante el hecho de que “tiene componentes muy importantes, como es la desaparición de mujeres, la tortura de mujeres y todas estas cuestiones se estarán analizando”.

Para ello, en breve se deberá instalar una mesa de trabajo para discutir cómo se ampliarán los protocolos, definir cómo se crearán las células de búsqueda inmediata de mujeres, cómo se actuará en las primeras 24 horas, establecer medidas más claras, así como ampliar las recomendaciones y establecer un nuevo sistema de medición de resultados.

Municipios, perdidos

Para el observatorio ciudadano, los Municipios tienen un papel fundamental en la eficacia de la alerta; no obstante, hasta el momento “no tienen claro cuáles son las medidas que tienen que llevar y cuáles son sus obligaciones”. Para guiarlos, se harán visitas in situ en las que se analicen las acciones implementadas en ese nivel, así como la coordinación entre el estado y los ayuntamientos.

En los próximos días se instalará la primera mesa que coordinará la Secretaría General de Gobierno para reorientar los trabajos de la AVM.

En la reunión estuvieron presentes representantes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Colectivo Lésbico Tapatío (Coleta), Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Calle sin acoso, Observatorio Nacional del Feminicidio, Amnistía Internacional, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la titular del IJM y los fiscales general, central y de Derechos Humanos. Quien no fue invitado a la reunión fue el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

HJ/I