Congreso y Sociedad

¿Son los partidos políticos los únicos que tienen derecho a intervenir en lo público? ¿Acaso es legítimo que un grupo de ciudadanos quiera intervenir en la designación de un funcionario público?

El pasado martes 13 de diciembre, el Congreso de Jalisco decepcionó a un grupo de ciudadanos, integrado por activistas sociales, empresarios y académicos, que esperaban presenciar el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de Jalisco, pues habían participado en todo el proceso, y deseaban verlo culminar. Sin embargo, con el argumento de que no se pudieron poner de acuerdo, los diputados rechazaron en los hechos a las tres personas que habían demostrado tener los conocimientos técnicos y la legitimidad social suficientes para ocupar ese puesto.

Así, los diputados dejaron a una persona a cargo de la auditoría de manera provisional, en espera de que se emita una nueva convocatoria, para ver si en la siguiente llega alguien que convenza al número suficiente de diputados para que le den el encargo de asegurarse que todos los funcionarios públicos de Jalisco hagan buen uso del dinero que ponemos en sus manos.

Lo relevante de este caso es que es la primera vez en que un grupo de ciudadanos logró participar en el proceso de selección, de manera que los diputados y el gobernador no tuvieron manera de negociar a escondidas de la población a quién se le daría la titularidad de la auditoría.

Esa situación ha provocado la molestia de algún sector de la opinión pública, pues considera que los activistas, empresarios y académicos que intervinieron son numéricamente tan pocos que no tienen ninguna representatividad en sus demandas. Al parecer ese sector de la opinión pública sólo reconoce como legítimas a las organizaciones que agrupan a miles de personas, como los partidos políticos. Es decir, asumen que sólo quienes pueden demostrar con listas de afiliación que representan a miles de voces tienen derecho a intervenir en los asuntos públicos.

Sin embargo, esa perspectiva ha quedado superada con el desarrollo de la sociedad mexicana. Es claro que los partidos políticos no pueden presumir que representan el sentir de la población. Diversas encuestas de opinión muestran que con el paso de los años cada vez menos personas confían en los partidos políticos, y cada vez son más las personas que consideran que muchos políticos no están suficientemente preparados para tomar buenas decisiones en los asuntos verdaderamente importantes.

Con esto no quiero decir que no deben existir los partidos, pero sí quiero hacer notar que es un derecho humano participar en los asuntos públicos en los que cada persona o grupo de personas tiene interés de hacerlo. Los partidos políticos no tienen el monopolio de la participación en lo público, y a veces sus miembros no tienen los conocimientos o la perspectiva que se requieren para tomar una buena decisión.

De modo que los grupos de ciudadanos, como ¡Tómala!, o los grupos empresariales, como Coparmex, o los académicos, tienen el legítimo derecho de intervenir en los asuntos públicos, especialmente si tienen algo que aportar al proceso, sean conocimientos, o puntos de vista que pueden complementar la perspectiva de las autoridades. De lo que se trata es de sumar recursos, con el fin de garantizar el bien común.

Y hablando del bien común, quiero reiterar que quienes integran el Congreso tienen la obligación de explicarnos por qué apoyaron a la persona que decidieron apoyar, y por qué no quisieron apoyar a alguno de los otros dos candidatos. Es su obligación, porque es un derecho humano el que se nos rindan cuentas, especialmente en un asunto tan trascendente como la elección del auditor.

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