Critica iglesia medidas in�tiles para periodistas

La Iglesia católica ofreció su apoyo a los periodistas del país.

“La violencia en México no sólo no cesa, sino que es ya incontenible. La semana pasada, el luto cubrió dos brazos que hacen fuerte a nuestra sociedad frente a la corrupción, la impunidad y el delito. Fue un lunes negro para las dos profesiones que ya son las más peligrosas en México”, publicó el semanario Desde la Fe.

Se refirió al asesinato en Culiacán del periodista Javier Valdez Cárdenas, de 50 años, y al de Jonathan Rodríguez Córdova, de 26 años, en Autlán, Jalisco.

En una editorial, consideró que el periodismo y el sacerdocio “son las dos profesiones más peligrosas de México”.

“Mientras los burócratas están sentados en el escritorio haciendo mesas y más mesas de diálogos estériles, medidas inútiles y altamente costosas para el país, la realidad los tiene rebasados, están perplejos, no saben cómo salir del abismo. En este sexenio van 33 periodistas caídos y son 17 sacerdotes los que han dejado de existir bajo circunstancias violentas”, expuso el semanario.

“Los periodistas cayeron por demostrar la verdad y develar a la opinión pública las alarmantes relaciones entre el crimen y las autoridades que han sido corrompidas por el poder del enemigo que nos está destruyendo”.

La publicación afirmó que los sacerdotes ahora son blanco del crimen por ser incómodos en la tarea profética de anunciar y denunciar, por guiar a sus comunidades por sendas de una vida más digna frente a los corruptores del tejido social.

Pide luto nacional

En tanto, el senador Miguel Barbosa Huerta solicitó al titular del Poder Ejecutivo decretar tres días de luto nacional por los periodistas asesinados, porque la nación mexicana exige justicia, demanda poner un alto a la impunidad y garantizar que nunca más ocurra un homicidio en el gremio de quienes ejercen la libertad de prensa.

Mediante un punto de acuerdo que presentará a la Comisión Permanente, Barbosa Huerta plantea que al decretar los tres días de luto nacional, el Estado reconozca la magnitud de la crisis que representa el asesinato de periodistas y que los poderes públicos federales, estatales y municipales se comprometan a brindar garantías, para que no vuelva a ocurrir un atentado en contra de ellos.

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