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La decisión de Aristóteles Sandoval Díaz, de respaldar el proyecto de la Presa El Zapotillo con una cortina a 105 metros de altura, puede no ser una sorpresa, pues su gobierno ha hecho todo para impulsarlo. Lo que sorprende una vez más es la forma tan burda y abrupta, pues asume el costo político sin siquiera tener la certeza que la obra podrá reanudarse durante su gestión.

Hay dos puntos que son básicos para la construcción de la presa: las resoluciones judiciales y la distribución de agua. Ninguna puede tener solución a corto plazo ni dependen de la voluntad del gobierno del estado.

Además, los dos temas están ligados. Aunque Aristóteles Sandoval intentó explicar ayer cómo dará cumplimiento a su compromiso de obtener mejores condiciones en la distribución del agua, no lo logró. De hecho, su actitud hace recordar aquella declaración que hizo el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, cuando aseguró que Jalisco no se vendería por “un plato de lentejas”, y finalmente aceptó un proyecto que dejó en total desventaja a la entidad.

Es este tema el que tiene detenida la obra y no una concesión de los gobiernos federal y de los estados de Jalisco y Guanajuato. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la que determinó que la cortina no podía superar los 80 metros de altura porque el convenio de distribución que firmó el ex gobernador Emilio González Márquez debía ser avalado por el Congreso del Estado.

Lo anterior como consecuencia de la controversia constitucional que interpuso el Poder Legislativo, a propuesta de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El gobernador Aristóteles Sandoval sostiene que no es necesaria la aprobación del Congreso. Sin embargo, la resolución de la corte ordena la reposición del procedimiento para que se tome en cuenta al Poder Legislativo. No hacerlo implicaría desacato.

Además, si el gobernador le está haciendo el juego al gobierno federal para la continuidad de la obra sorprende que no haya recibido un respaldo previo sobre un nuevo esquema de distribución favorable para Jalisco. Como lo anunció Sandoval Díaz, parece más bien una bravuconada.

La resolución de la corte no es la única que está vigente. También lo están las correspondientes a los amparos promovidos por los habitantes de Temacapulín, principalmente, sobre los nuevos poblados a los que se les pretende trasladar, así como los que impulsaron productores de Los Altos contra la construcción del acueducto que llevará el agua de la presa a la ciudad de León, Guanajuato.

También están los inconvenientes de la obra. En el caso del acueducto, este debió concluirse en octubre de 2014, es decir, hace casi tres años. Sin embargo, la obra fue asignada a la empresa Abengoa, que no ha podido resolver sus conflictos financieros, incluido el intento de transferir el proyecto a Prana Capital, y por lo tanto no ha podido colocar ni un metro de tubería.

Otro tema en que el gobernador Aristóteles Sandoval ha sido omiso, de una manera sospechosa, es en lo que tiene que ver con la infraestructura que llevaría el agua a los municipios de Los Altos y al sistema Purgatorio, para posteriormente enviarla al área metropolitana de Guadalajara. Porque resulta que ninguno de esos dos puntos forman parte del proyecto Zapotillo-acueducto.

Por todo esto, no sorprende la tranquilidad con que los habitantes de Temacapulín tomaron el anuncio del gobernador sobre la desaparición de su pueblo. Saben que entre esta declaración y el siguiente paso podrían pasar meses o años. Y en ese lapso todavía tendrán otras acciones legales y más opciones de resistencia.

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