S19, el terremoto ciudadano

No fueron factores naturales los que provocaron este movimiento telúrico, sino la irrupción de miles de jóvenes que se adueñaron del espacio público y tomaron a su cargo la emergencia nacional. Así como el movimiento telúrico dejó al descubierto una cantidad de vicios y la corrupción del Estado mexicano, la movilización social dejó al descubierto también la incapacidad del Estado para reaccionar con prontitud y celeridad ante un desastre natural. Una vez más la sociedad civil movilizada salió a resolver los problemas de la emergencia nacional.

Cayeron casas y edificios, pero no fueron las únicas estructuras que resintieron los impactos del movimiento telúrico, sus efectos devastadores alcanzaron y lesionaron gravemente a no pocas instituciones del Estado, especialmente aquéllas relacionadas con las instancias de gobierno y de una manera particular, el andamiaje que regula las organizaciones partidarias del sistema político. En el primer caso, las instancias gubernamentales en sus tres niveles (federal, estatal, municipal) se han tenido que enfrentar a la oleada ciudadana que ha terminado por imponer sus condiciones en las tareas de rescate de las víctimas y auxilio de emergencia hacia los damnificados. Son ellos quienes se opusieron al ingreso de la maquinaria, no solamente para priorizar las búsqueda de sobrevivientes, sino también para evitar el posible ocultamiento de responsabilidades derivadas de actos de corrupción entre autoridades e inmobiliarias. Pero también han tenido que afrontar una creciente falta de credibilidad y desconfianza de los ciudadanos hacia sus procedimientos establecidos para la distribución de los apoyos recibidos. En no pocos casos los ciudadanos han optado por rechazar los mecanismos institucionales y entregar los recursos directamente a los necesitados. Para los actores políticos tampoco ha sido fácil. Salvo escasas excepciones, los representantes políticos que se han aventurado a aparecer en la zona del desastre han sido objeto de repudio y escarnio.

Empero, la irritación ciudadana hacia la clase política ha enfocado sus baterías hacia los partidos políticos. Los alegatos y las discusiones teóricas, que desde hace tiempo circulan en ámbitos intelectuales y académicos, sobre la llamada “crisis de representación política” han encontrado su correlato en el caudal de mensajes que inundaron las redes sociales, demandando, primero, que el dinero de las campañas electorales de 2018 se destinara a la reconstrucción y a los damnificados; para enseguida exigir la desaparición íntegra del financiamiento público a los partidos políticos. Despojar a los ex presidentes de su pensión y demás privilegios económicos sería la cereza en el pastel.

Con más celeridad unos que otros, y con más o menos pretensiones electorales también, los diversos institutos políticos han manifestado, en el ámbito declarativo, su disponibilidad para hacer viable la demanda. Obligados por la presión ciudadana se declaran dispuestos a ceder. No han faltado voces en señalar que al despojarlos del financiamiento se provocaría una crisis en la vida de los partidos. Efectivamente, pero es precisamente de lo que se trata. Que el terremoto ciudadano arrase desde sus cimientos la partidocracia parasitaria que padecemos.

Al contrario de quienes perciben la desaparición de los actuales partidos como una amenaza hacia la democracia, hay quienes la vemos como un espacio de oportunidad para el desarrollo de una creciente participación política. La gestación real (no simulada) del empoderamiento ciudadano. Fueron los miles de jóvenes que en 2012 marcharon con el #YoSoy132, los mismos que acudieron solidariamente a los sitios del desastre y se incorporaron a las acciones de rescate. No venían de la nada, en sus genes palpita la rebeldía ante la imposición y el deseo de un cambio político. Son ellos, los millennials, los destinados a encabezar la reconstrucción no solamente del pasado sismo, sino del país.

Y ellos lo saben.

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JJ/I