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Al Rey Sol
Con bombo y platillo se anunció que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) publicará –y publica ya– en un micrositio en Internet las cuentas públicas de los entes auditables “para que la ciudadanía y los medios de comunicación lo consulten y que sea una presión social para mejorar el ejercicio del gasto”, declaró su titular, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez.
Y como si fuera novedad, se rebela que el Ayuntamiento de Zapopan es el ente fiscalizable con más irregularidades desde que inició la actual administración con Jesús Pablo Lemus Navarro, pues mientras tiene cargos –ya no son observaciones, entiéndanlo o conózcanlo quienes redactan notas al respecto– por un monto de mil 282 millones 982 mil 630 pesos tan sólo de sus tres primeros meses de gobierno –de octubre a diciembre– de 2015, también registra observaciones por 32 millones 369 mil 978 pesos correspondientes a 2016. ¿Y a cuánto ascenderán las de 2017, de acuerdo con el rumbo que lleva?
Tan sólo de los cargos de 2015, mil 268 corresponden por no haberle cobrado ese monto a empresarios inmobiliarios por concepto de permisos y licencias, concluyó la ASEJ; en una palabra, se los perdonó como lo hizo en 2009 su antecesor el panista Juan Sánchez Aldana, a quien la auditoría le impuso cargos en ese año por 808 millones de pesos por el mismo concepto.
Como lo subrayamos en su oportunidad, Lemus Navarro le perdonó a estos desarrolladores en sólo tres meses un monto mayor al que no les cobró Sánchez Aldana en un año. ¿Y qué ha sucedido? ¡Nada!
Ni Jesús Pablo Lemus ha cubierto los cargos por poco más de mil 200 millones de pesos ni Juan Sánchez los poco más de 800 millones de pesos como lo establece la ley, pues mientras el primero recibió del Congreso del Estado la oportunidad de solventar el adeudo –que hasta la fecha no ha hecho–, el segundo recurrió a tribunales donde su caso quedó congelado.
Por eso provoca risa la declaración del auditor superior Jorge Ortiz cuando aseguró que hacer público el historial de las cuentas públicas será “una presión social para mejorar el ejercicio del gasto”. ¿De veras cree en su dicho? La misma información proporcionada por la ASEJ revela que han pasado nueve años y la cuenta pública de 2009 no ha podido ser cerrada porque siete años después aún aparecieron supuestos comprobantes para subsanar mil 54 millones 66 mil 357 pesos del gobierno de Sánchez Aldana.
¿Y qué del adeudo que Lemus Navarro no ha cubierto por los mil 268 millones de pesos que la ASEJ descubrió que no le cobró a desarrolladores como Valle Imperial IV y V, Distrito K, Sendas Residencial G1, Valle Imperial Sección Bosques 1, El Campestre III, Bosque de Las Jacarandas o Valeria Habitat y Mirador del Bosque 3, como lo publicó en su edición de ayer El Diario NTR Guadalajara?
¿Y qué de los cargos que la ASEJ impuso al propio Poder Legislativo? ¿También fueron publicados?
¿Creerán que publicitar las cuentas presionará a los responsables a cubrir sus adeudos o responder por las irregularidades e ilícitos que detectó la Auditoría Superior, cuando en la mayoría de las ocasiones cuentan con la complicidad de los propios diputados que juegan con los tiempos a conveniencia de los acusados?
Mientras continúe esta complicidad entre los entes auditables y los legisladores, los responsables seguirán gozando de la impunidad y de nada valdrá que se transparente todo lo que quieran transparentar, pues ha quedado demostrado que transparencia no es sinónimo de honestidad.
Lo que el auditor Ortiz Ramírez debe de revelar es en qué condiciones se encuentra el expediente de Lemus Navarro de su cuenta 2015 si la Comisión de Vigilancia se lo devolvió o exigirles a los diputados que tomen cartas en el asunto y lo saquen de la congeladora, violentando los tiempos de ley.
ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.
JJ/I