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Crucificándose
Empiezan las campañas
Vicente Viveros, jefe de gabinete del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, y Fernando Chávez, secretario general del gobierno municipal, fueron acusados por un par de empresarios de solicitar un soborno de 500 mil pesos a cambio de levantar los sellos de clausura de su compañía después de que ésta sufriera un incendio hace ocho meses.
Según denunciaron José María y Carlos Salguero Recio, empresarios dedicados al reciclaje de basura a través de la compañía Servicios Industriales Sarre SA de CV, en abril la planta de acopio se vio envuelta en fuego debido a supuestos actos vandálicos. Ante ello, las autoridades municipales de Protección Civil procedieron a la clausura, se les aplicaron multas y se les solicitó cumplir con una serie de medidas para la reapertura.
Los inconformes aseguran que, a pesar de que acataron la totalidad de las solicitudes, los sellos de clausura no han sido retirados toda vez que se han negado a entregar el dinero solicitado por los funcionarios.
Agregaron que la autoridad municipal incurrió también en irregularidades como poner sellos de clausura carentes de información o con datos ajenos a la realidad, así como no realizar la notificación correspondiente a su colocación. Además, se les negó la posibilidad de que un guardia vigilara la planta, por lo que sufrieron robo de equipo.
A causa de ello, expusieron, 200 personas perdieron su empleo.
Por todo lo anterior, dieron a conocer que interpusieron tanto una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) como una denuncia penal en contra del director de Reglamentos municipal, Jorge Martínez Sánchez; el secretario general del ayuntamiento, Antonio Chávez Delgadillo; el director del Área Jurídica, Jesús Méndez Rodríguez; el jefe de gabinete, Vicente Viveros; así como contra los inspectores José Ángel Flores Palos, José Ventura Cruz, Omar Jacob Camacho Vázquez, César Lozano Rodríguez, César Lara Rivas y Francisco Lozano Castellanos.
Tras la rueda de prensa ofrecida por los empresarios, el gobierno de San Pedro Tlaquepaque convocó a los medios de comunicación para expresar su versión de los hechos.
En principio, Jesús Méndez Rodríguez, director general jurídico del ayuntamiento, calificó como una difamación las acusaciones de que funcionarios municipales solicitaron dádivas, por lo que adelantó que éstos, si así lo deciden, podrían proceder legalmente contra la compañía.
Además, expuso, la empresa permanece clausurada “por permanentes irregularidades en materia de medidas de seguridad para la operación, por reincidencia, delitos a la violación de sellos y contaminación al medio ambiente”; inobservancias por las que se le han impuesto multas que suman un millón 226 mil 179 pesos y que impugnaron ante tribunales a pesar de que se les ofertó un descuento de 50 por ciento.
JJ/I