Desabasto, huachicol y desinformación

Bastó con que el gobierno federal decidiera enfrentar el robo de la gasolina, mediante la drástica medida de cerrar aquellos poliductos, en los que se registraba la baja de presión, provocada por la ordeña de los huachicoleros, para que se desencadenara una situación de crisis, cuya expresión tangible fue el desabasto del combustible en las gasolineras.

Pero más allá del caos que se generó en algunas arterias de la ciudad y la comprensible molestia que experimentaron los usuarios, la drástica medida sirve como botón de muestra del tamaño de la corrupción en el interior del aparato institucional del Estado, en este caso en Petróleos Mexicanos (Pemex), y de la magnitud y complejidad que el actual gobierno federal enfrenta en su decisión de combatirla.

El asunto tiene varias aristas, en esta entrega trataré de abordar las que me parecen más importantes.

El combate a la corrupción ha sido, desde 2006, tema central en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. En la pasada contienda electoral anticipó en cuanta plaza pública pisó que terminaría con el robo de combustible. El mismo día en que asumió el cargo anunció su intención de lanzarse a fondo contra este delito, que avaló con dos acciones.

Por una parte, la iniciativa que configura al robo de combustible como como delito grave; por otra, la entrada del Ejército a las instalaciones encargadas de la distribución de la gasolina. Ambas ampliamente publicitadas en su momento. Empero, dejó en el sigilo la decisión de cerrar los ductos que transportaban el líquido a los centros de distribución. Aprovechó el feriado de fin de año para la aplicación de esta medida extrema.

El cierre de los ductos tuvo varios efectos. De entrada se apreció una drástica reducción en el volumen de la gasolina extraída mediante las ordeñas de los huachicoleros, que pasaron de un promedio de mil diarias a 27 el pasado martes. Lo que indica lo acertado de la decisión. Pero también se generó un inusitado cierre de gasolineras, derivado del agotamiento de sus inventarios. El fenómeno no deja de ser extraño, ya que los concesionarios de las mismas nunca manifestaron que hubiera un retraso en el abastecimiento, el cual era escrupulosamente verificado por los militares que habían llegado a los centros de distribución.

Ahora bien, aunque la ausencia de combustible representó un severo golpe a los usuarios, ocasionando embotellamientos y malestar, no fue un fenómeno generalizado, sino que se observó principalmente en aquellos municipios y estados con mayor incidencia de la actividad huachicolera.

En contraste con el discurso alarmista exhibido por los medios de comunicación y algunos exponentes de la comentocracia, en las redes circula una opinión de mayor aceptación que de rechazo hacia la medida. El sentimiento mayoritario es el de asumir los inconvenientes del desabasto, si con ello se derrota al huachicoleo criminal.

La irrupción del desabasto y sus causas es un tema que contempla varias hipótesis. Una de ellas tiene que ver con el papel desarrollado por el gobierno federal. Varias voces, con intereses diversos, han señalado que, si bien la acción se justificaba, su implementación ha sido harto deficiente. Pero también, aunque no ha sido muy mencionada, es el deficiente manejo de la comunicación gubernamental para informar sobre el tema. En este sentido, el gobierno es responsable de la desinformación existente.

La entropía, el caos, se resuelve con la información. La desinformación alimenta al rumor y provoca incertidumbre. Una acción de la envergadura que representa el combate al robo de combustible requiere de un esfuerzo comunicacional de proporciones semejantes. Ni las redes sociales ni las ruedas de prensa mañaneras han sido suficientes, obviamente.

@fracegon

JJ/I