No hacerse de la vista gorda

Iniciamos el año y todo parece indicar que el combate a la corrupción va en serio. Por ahora, el gobierno federal centró su atención en ubicar las tomas clandestinas y la distribución de gasolina robada de los mismísimos ductos o centros de distribución de Pemex. Hoy sabemos que para detectar a quienes se han aprovechado de esas actividades se tuvieron que cerrar los ductos. “No hay escasez, pero la distribución se dificulta”, debido a que las pipas son insuficientes para surtir a las gasolineras.

El país tiene mil 600 kilómetros de ductos. Con los operativos se detectó que 261 mil litros de gasolina fueron extraídos ilegalmente –19 mil 500 litros, 45 por ciento en Jalisco– se localizaron y clausuraron 10 tomas clandestinas en Tlajomulco, Zapotlanejo, Zapopan y Tala, de las 34 detectadas en el país (Julio César Hernández, NTR, 09/01/2019).

Como ya destacó Guillermo Ortega R., el robo a refinerías, ductos y centros de distribución, de acuerdo con las declaraciones de AMLO, se ha incrementado y las pérdidas para el país han ido de 30 mil millones en 2016 a 60 mil millones a diciembre de 2018 (NTR, 9/01/19).

Cómo es posible que este robo tan escandaloso se haya solapado durante años por los gobiernos federal y estatal anteriores, que funcionarios de alto nivel y gobernantes fueran cómplices y beneficiarios del delito, mientras los ciudadanos estábamos soñando en la transición a la democracia.

Con la determinación del actual gobierno de cortar e impedir el robo de combustible y dar con los promotores y operadores de este fraude a la nación se alienta la esperanza de que se tratan de hacer bien las cosas, pero no basta que las cosas se muevan o que el gobierno escarbe. Debe investigarse a fondo el contubernio entre dirigentes sindicales, funcionarios de Pemex y del gobierno, así como a los empresarios implicados, y debe haber consecuencias claras. Inevitablemente saldrá a la luz la responsabilidad de actores y personajes de la política que deberán ser castigados para que podamos creer que se trata de restablecer el estado de derecho y de aquí en adelante quien la haga deberá pagarla.

La estrategia de abatir el robo y la venta de combustible ha contado con la comprensión y apoyo de los ciudadanos y diversos sectores de la población, pero no es posible que esta situación de desabasto se prolongue indefinidamente. Es muy importante que el gobierno federal comunique lo que está pasando, acelere las indagaciones sobre los responsables de los delitos directos y asociados, haga el rastreo de las finanzas derivadas de este fraude y establezca controles adecuados para evitar que se vuelva al robo.

Pero también es necesario que comunique a los ciudadanos y consumidores de gasolina qué está haciendo para regularizar el servicio en las gasolineras de manera más eficiente, a fin de dar un mínimo de certidumbre a la población y evitar así que la cooperación recibida ante la medida se le revierta en descontento e irritación ciudadana.

Las tensiones generadas por la estrategia del gobierno son inevitables, por ello es necesario que se mejore la distribución a consumidores, empresas e instituciones, a fin de que no se encarezca o dificulte el consumo y que la prestación de servicios sea adecuada y eficiente. Policía y tránsito locales deben apoyar decididamente para evitar que las molestias e incidentes entre los consumidores, se salgan de control.

A decir del gobierno federal, en una segunda fase se incrementará la vigilancia en los ductos y las estaciones de distribución regionales, al tiempo de que seguirán los procesos legales iniciados contra quienes resulten responsables y se haga el rastreo de los capitales que engordaron con estas prácticas que se habían normalizado. Apostamos a que la estrategia cumpla su objetivo y sea el primer paso de un combate decidido frente a la corrupción.

da/i