Instituto Jalisciense de las Mujeres

En estos días en Jalisco la discusión ha girado alrededor de la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y la incorporación de sus funciones dentro de la Secretaría de la Igualdad Sustantiva. Este evento tiene diversas aristas, que tomadas en conjunto dejan una impresión desagradable sobre el modo de proceder del gobierno estatal.

La desaparición del IJM pasa por un desconocimiento de lo que implica el movimiento a favor de las mujeres; Judy Attfield lo explica muy bien: “Las mujeres forman un grupo entre muchos en una sociedad multicultural, con diferentes gustos, necesidades, valores y prioridades en función de los roles que realizan, el tipo de trabajos que hacen y la posición que ocupan en la sociedad en virtud de nacer mujeres… (eso es a) lo que yo me refiero como ‘la perspectiva feminista’. En este contexto, el feminismo es una posición política que busca cambios en el interés de las mujeres”. Si bien Attfield reconoce que no hay un acuerdo en cuanto a cuáles deberían ser esos cambios, es fundamental señalar que son ellas quienes deberían decidirlo, no los hombres.

Aquí es donde radica uno de los principales problemas del cambio promovido por el gobernador Alfaro: al reunir en una secretaría que atiende a todos los grupos vulnerables, se dejan de visibilizar en gran medida las diferentes problemáticas que éstos sufren. Un tuit del gobernador pone de manifiesto esta confusión: “No creo que las mujeres representen a un grupo vulnerable, las mujeres están en condiciones de desigualdad…”. Esta afirmación deja de lado que las mujeres son las principales víctimas de la violencia doméstica, las principales víctimas de los delitos de violación, las principales víctimas de la violencia de género; eso no habla de desigualdad, sino de una condición de vulnerabilidad. Por supuesto que hay también un problema de desigualdad, sobre todo laboral. Pero eso es sólo una parte, y no la más importante, de todos los problemas que enfrentan las mujeres.

Algo similar ocurrió en los Estados Unidos en los años 60. Por un lado, la fuerza del movimiento por los derechos civiles y luego la lucha en contra de la discriminación de las personas LGBTQ dieron mayor ímpetu a la idea de que era necesario cambiar el statu quo social, pero el gran inconveniente es que las reivindicaciones particulares de las mujeres se fueron desdibujando en el proceso; de ahí que posteriormente aparecieran las intersecciones: grupos específicos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad pero que no son iguales. Dicho de otro modo: una mujer indígena no tiene los mismos problemas que un hombre homosexual.

Asumir que una sola secretaría puede atender esta creciente complejidad es, por lo menos, simplista e inocente; pero cuando uno revisa los presupuestos específicos asignados (un reconocimiento a NTR Guadalajara por su reportaje al respecto, y toda mi solidaridad y apoyo a Sonia Serrano), uno se da cuenta de que el discurso de contar con mayores recursos y mejor empleados, no se sostiene. El argumento de que el presupuesto “se desperdiciaba” en sueldos, es tramposo; yo trabajo en una universidad privada en donde 80 por ciento del egreso va justamente a sueldos, porque somos los profesores, investigadores, administrativos y personal de apoyo, quienes hacen las labores sustantivas de la universidad. ¿A qué creen el gobernador y sus voceros que se dedican las personas que trabajaban en el IJM?

Mención aparte merece el pésimo manejo político que Movimiento Ciudadano hizo durante todo el proceso: se dedicaron a denostar a los opositores, a adjudicarle motivos oscuros a las organizaciones sociales, a hacer un montaje mediático con verdades a medias, y, en el colmo, recurrieron al albazo legislativo para evitar hacer un proceso de cara a la oposición y a la sociedad. ¡Qué vergüenza!

Pésima señal se manda a la sociedad cuando un gobierno se niega a escuchar. La pregunta obligada entonces es, ¿qué esperaban lograr, más allá de quitar recursos para las mujeres?

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