Incinerados sin identificar, grave tragedia en Jalisco

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) dio a conocer la semana pasada lo que bien definió como desgarradora información: entre 2006 y 2015 el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) incineró mil 571 cuerpos, de los cuales a mil 430 no se les realizaron previamente las tomas de muestras de ADN y no se efectuaron las confrontas para su posterior identificación. Nunca se podrá saber quiénes eran. Tampoco se conocerá, con sufrimiento para sus familias, ¿qué sucedió con esas personas?, ¿cómo perdieron la vida?, ¿quiénes son los responsables? Se trata de una tragedia. Un acto de deshumanización, un desprecio a la dignidad del ser humano y la violación de numerosas normas jurídicas.

Es un tema de salud pública vinculado a derechos humanos, justicia, verdad y reparación del daño, indica el Cepad. Lo sucedido tiene repercusiones estatales nacionales e internacionales. Por la gravedad de lo sucedido, y por el inmenso dolor que les produce a los familiares pensar e imaginar que entre esos seres humanos estuviesen sus seres queridos, deben ser profundamente investigado por expertas e independientes con el aval de los organismos de derechos humanos de la ONU y la OEA, y la participación conjunta de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, demanda.

A pregunta concreta, de la denuncia del Cepad habló ayer el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, al dar a conocer el Plan Nacional de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. De la incineración de los más de mil 400 cuerpos en Jalisco, corresponde al gobierno del estado identificar y sancionar a los responsables, aclaró.

Son más de 40 mil los desaparecidos en el país, 27 mil los cuerpos sin identificar en forenses y arriba de mil 100 las fosas clandestinas. Se trata de una crisis humanitaria de grandes dimensiones, informó Alejandro Encinas, quien anunció la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense y que más tarde participó en las entrevistas a los candidatos a encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda, en un escenario cada vez más complicado por la crueldad de los grupos delictivos y las desapariciones forzadas.

En el caso de Jalisco, en su informe Incineraciones de cuerpos no identificados. Crímenes sin justicia (disponible en https://cepad.org.mx/), el Cepad anota que miles de personas buscan sin éxito a sus desaparecidos. Son años de “morir en vida”, como señalan las familias, sin saber del paradero de su hijo/a, esposo/a, madre, padre, hermano/a, novio/a, amigo/a, a lo que se añade “que deben seguir con la incertidumbre de saber si entre los cuerpos incinerados sin identificar, están sus seres queridos”. Además, con casos en que a familiares se les entregaron mediante amenazas bolsas con cenizas que ignoran a quién pertenecen.

Añade la asociación civil que su investigación pretende brindar información que permita dimensionar la tragedia que padecen los familiares de personas desaparecidas de Jalisco, México y de otros países, y que pudieran ser aquéllas que el gobierno de Jalisco desapareció mediante la incineración en los periodos del ahora fiscal Gerardo Octavio Solís (en su interinato), Emilio González y Aristóteles Sandoval. Convertir cientos de cuerpos en cenizas se suma al caso del año pasado de los dos tráileres con 444 cuerpos amontonados y sin identificar.

Debido a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que encontraron, el Cepad considera impostergable la intervención internacional del representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab. Se quiere que se detone el proceso de justicia y verdad para los familiares de las personas desaparecidas. El centro tiene la certeza de que lo ocurrido en Jalisco debe trascender a instancias internacionales de derechos humanos, “pues posiblemente estamos ante hechos que pueden catalogarse de lesa humanidad”. De esa magnitud es el horror de lo sucedido. Está en la cancha del gobierno estatal investigar, informar y proceder.

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