La nueva Constitución

Ante el planteamiento del actual gobierno estatal de poner en marcha un proceso para tener una nueva Constitución local es inevitable la reflexión de si el problema que tenemos es de leyes o de las personas. Corrupción, impunidad, violencia e inseguridad son, sin duda, las principales características que llaman a un cambio radical.

De la iniciativa que presentó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ante el Congreso del Estado para dar el primer paso para generar la posibilidad de llamar a un constituyente, podemos destacar dos puntos en la justificación: establecer una democracia verdadera y restablecer el estado de derecho.

Del primero de esos puntos podemos partir de las dudas que genera la intolerancia y poca disposición del mandatario a escuchar a quienes piensan diferente, a quienes no están de acuerdo con las soluciones que plantea o quienes simplemente pretenden que los temas se discutan antes de tomar una decisión. Esa falta de disposición al diálogo es, por lo menos, una mala señal de salida.

En este momento no sabemos si la propuesta de fondo sobre el nuevo texto constitucional saldrá del debate entre los diferentes sectores jaliscienses o si el Ejecutivo ya tiene un documento que será sometido a revisión.

Las dudas se mantienen si hablamos del restablecimiento del estado de derecho, donde no sabemos si hay claridad de cuáles son los temas en los que sólo se pueden encontrar soluciones con un cambio radical en la ley o bien, si habría bastado con entrar a una revisión en la acción de las autoridades.

Podríamos recordar lo sucedido en torno a la reforma federal del sistema penal, que partió justamente de una crisis en la que se consideró que ya no había salida. Así empezó un punto y aparte, y un largo proceso de modificaciones de fondo que tenía como objetivo terminar con la impunidad y, sobre todo, evitar que inocentes fueran a la cárcel.

Pero el nuevo sistema fue implementado por los mismos. Así que lejos de que el sistema garantista se convirtiera en una transformación para llevarnos a la real aplicación de la justicia fue aprovechado para ayudar a evadir la ley a quienes cometen delitos.

En el caso de la nueva Constitución los riesgos son similares. Mientras las personas no se comprometan con los cambios, de nada sirven.

Por ejemplo, si hablamos del Poder Judicial podríamos considerar que no es tan importante una nueva Constitución para modificar el nombramiento de jueces y magistrados, bastaría con un acuerdo político para eliminar el reparto que de manera tradicional hacen los partidos.

Otro riesgo es que el procedimiento se alargue y se convierta en un distractor que impida que las autoridades atiendan las necesidades más importantes de los ciudadanos. Agendas como la de seguridad, empleo, salud y educación no pueden esperar y menos sujetarse a un compás de espera marcado por los cambios estructurales.

En este caso, el reto para el gobierno de Enrique Alfaro es deslindarse del proceso para la nueva Constitución y ponerse a trabajar, lo que se antoja complicado.

En los días recientes ha quedado en evidencia que la violencia no ha disminuido y no hay una estrategia contundente; la crisis que se heredó en el sistema público de salud lo mantiene colapsado, mientras que otros temas básicos como la movilidad y la atención a la población en condiciones de vulnerabilidad no registran avances.

Todo esto, sin contar que el proceso de tener una nueva Constitución puede alargarse más allá de medio sexenio, acompañado del inminente desgaste político.

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