El plan nacional de búsqueda de desaparecidos

En Tecomán, Colima, recientemente fueron localizados 69 cuerpos inhumados en fosas clandestinas, testificando una vez más la grave inseguridad que vivimos en México y el largo camino que tenemos como país para resolver un problema tan complejo.

En este contexto, la académica austriaca Sonja Perkič-Krempl, quien estuvo durante más de 20 años en investigaciones sobre desaparición forzada y genocidio en Guatemala, y que en Jalisco participó en 2017 en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (Dirección de Análisis y Contexto), recientemente impartió en la UdeG la conferencia Desapariciones, los retos del gobierno y de la sociedad, en la que señaló que se necesitaron casi 20 años para localizar y documentar los hallazgos en las fosas clandestinas, la identificación de los cuerpos encontrados, el establecimiento de los protocolos forenses y demás operaciones relacionadas con las averiguaciones, lo que permitió que se enjuiciara por genocidio y por el crimen de desaparición forzada a varios de los perpetradores.

La doctora Sonja, al tocar la problemática que hoy enfrenta México en este tema, señaló una diferencia que hace más compleja la situación de nuestro país: en Guatemala, el fin del conflicto armado marcó un punto de partida para avanzar hacia una transformación social que llevara a crear procesos de memoria, de búsqueda y reconocimiento a las víctimas, pero en México no existe formalmente un proceso de conflicto armado interno, es decir, oficialmente no hemos estado en guerra y las desapariciones siguen sucediendo, no forman parte de un problema social que sucedió antes, forman parte de nuestro presente.

Quizá un punto de partida para hablar del antes y el ahora en México, con relación a la manera que se aborda la desaparición de personas, sea el cambio de gobierno. Mientras la administración anterior negaba la complejidad del problema, criminalizaba a las víctimas, construía mentiras históricas y pedía pasar página, hoy el presidente López Obrador firmó como su primer decreto la creación de una comisión de la verdad para investigar el crimen de Ayotzinapa, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoce que el país “se ha convertido en una enorme fosa clandestina”, al presentar la estrategia de búsqueda de personas, destacando que se priorizará la localización en vida de los desaparecidos.

Después de la presentación de la estrategia nacional, algunos colectivos de familias reconocieron y celebraron que entre los puntos contenidos se retomaron sugerencias que sus grupos formularon en los foros de escucha y en las mesas de diálogo. La propuesta inicial tiene como objetivo establecer las bases y procedimientos para la búsqueda de personas, las que deberán diseñarse con la participación de las familias; la estrategia propone también prevenir, investigar y sancionar los delitos.

Se contemplan las siguientes líneas de trabajo: reinstalar el Sistema Nacional de Búsqueda con interacción real de las instituciones involucradas; designar a un nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; exhortar a la creación de las comisiones locales de búsqueda que aún no se instalan; asignar presupuesto adecuado a la dimensión del problema; revisar, modificar o crear los protocolos necesarios consultando a las familias y expertos nacionales e internacionales; crear células de búsqueda inmediata; atender las desapariciones de migrantes; fortalecer los centros de atención a víctimas; crear el Instituto Nacional de Identificación Forense; diseñar un Sistema Único de Información Tecnológica e Informática para cruzar bases de datos; asistencia técnica internacional para capacitación y experiencias en búsqueda; establecer en la ley la plena responsabilidad de los superiores jerárquicos en el delito de desaparición forzada.

Sin duda, establecer un plan y reconocer la gravedad del problema es un gran avance con relación a las omisiones, impunidad y corrupción del régimen anterior; ahora falta señalar con precisión los plazos, vigilar su implementación y contar con el compromiso real de autoridades locales para que se sumen a un esfuerzo conjunto y no obstaculicen o pretendan bloquear el trabajo del gobierno federal por diferencias políticas.

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