Dos reformas imprescindibles

Con 377 votos, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 de la Constitución, que incluía la incorporación de nueve delitos al rango de graves, mismos que establecen a la prisión preventiva como medida cautelar para quienes los cometan. A los seis previamente aprobados por el Senado –abuso sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada y transporte de explosivos y portación de armas–, los diputados adicionaron tres más: corrupción, uso de programas sociales con fines electorales y robo de hidrocarburos.

Aunque la iniciativa era impulsada por Morena y los partidos que van en coalición, no contaba con los votos suficientes para que prosperara. Empero, con el apoyo otorgado por 36 diputados del PAN, siete del PRI, 13 de MC, nueve del PRD y los 10 de la bancada del PVEM, la reforma constitucional se abrió paso. Con ello, la figura de aplanadora que se quiere endilgar a la coalición gobernante pierde sustento empírico. Lo que ahora resta es la aprobación de la reforma por la mayoría simple de las legislaturas de los estados.

El motivo principal de quienes apoyan la reforma es que dichas leyes son imprescindibles para implementar los procesos judiciales en contra de delitos del crimen organizado; argumentan, no sin razón, que el país vive condiciones excepcionales debido al nivel de fuerza con que la delincuencia organizada enfrenta al Estado. Los que estaban en contra aducen que la prisión preventiva ha sido insuficiente y que nada garantiza que ahora pueda tener efectos positivos. Pero además, alegan que algunas disposiciones resultaban atentatorias a los derechos humanos, al eliminar el principio básico de la presunción de inocencia. Paradójicamente, las mismas bancadas que se oponían a la reforma, fueron las que aprobaron la legislación de 2008, que ahora consideran deficiente.

En menos de seis meses, las cámaras legislativas han mostrado un dinamismo y actividad que no guarda relación con la parálisis que las caracterizó desde 1997, cuando a raíz de las elecciones intermedias ningún partido político alcanzó la mayoría en los espacios de representación. El desencuentro entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se hizo patente, particularmente en los sexenios de Fox y Calderón, en los cuales, la figura del Ejecutivo se convirtió en un adorno. Al carecer de un proyecto de nación, ambos mandatarios fueron incapaces de impulsar alguna reforma trascendente en el texto constitucional y permitieron que la corrupción y el crimen organizado se diseminaran por el territorio nacional.

La única excepción de acuerdos legislativos fue la aprobación de las llamadas “reformas estructurales”, cuyos resultados desastrosos se convirtieron en el incentivo del voto por el cambio que se expresó en las urnas el pasado 1 de julio.

Hoy el Senado de la República decide otra reforma que complementa la aprobada en la Cámara de Diputados. La creación y puesta en operación de la guardia nacional representa el otro brazo de la pinza para avanzar hacia la construcción de las condiciones de seguridad en el país. Una guardia capacitada, disciplinada, organizada, experta en el combate al narcotráfico, pero también habilitada para el ejercicio de la salvaguarda de la seguridad pública con el debido respeto a los derechos humanos constituye la contraparte de una legislación, con penas más estrictas y más severas, susceptibles de eliminar las puertas giratorias que actualmente existen en el sistema judicial.

Es posible que las nuevas legislaciones tengan algunos riesgos. Ninguna acción está exenta de riesgos. Pero resultaría infinitamente peor mantener un esquema de combate a la delincuencia que ha sido, a todas luces, ineficiente. Al parecer no entienden que México se encuentra en una situación excepcional, que hay un estado de emergencia ante la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Estado de emergencia que desde 2011 Javier Sicilia había denunciado y que a la fecha sus condiciones se han agravado, se han profundizado, por lo que urge una acción de gran envergadura para superarlas.

La opinión pública que se refleja en las encuestas lo ha entendido a cabalidad. Falta que lo entiendan los legisladores.

@fracegon

JJ/I