Los dislates en salud

El 15 de febrero pasado, el secretario de salud federal, Jorge Alcocer, presentó lo que llamó de forma pomposa y sobrada “el proyecto de salud de la cuarta transformación de México”. Como siempre, se trató sólo de una lista de buenos deseos y verdades de Perogrullo, otra vez una lista de muchos qué pero ningún cómo que sea asequible.

Por enésima vez inventaron el agua tibia y el hilo negro: descubrieron que la atención primaria debe fortalecerse como parte de la política pública en salud; algo que desde que los médicos tenemos memoria forma parte de las lecciones en la escuela y aparece reiteradamente en planes y programas de gobierno, pero sobre lo cual nunca se hace lo necesario, o se hace muy poco, para lograrlo.

Su otro gran descubrimiento fue que millones de mexicanos carecen de acceso efectivo a los servicios de salud y que con ello se vulneran sus más elementales garantías constitucionales (derechos humanos). Ante tal situación tuvieron la epifanía revolucionaria de brindar servicios de salud y medicamentos gratuitos para todos los mexicanos, sin importar su condición socioeconómica o laboral, de forma progresiva hasta alcanzar la cobertura universal.

Las condiciones de inaccesibilidad a los servicios de salud fueron consignadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) desde hace varios años y las asocia, de forma indiscutible, con los bajos niveles de desarrollo humano y los altos índices de pobreza. Diversos especialistas han afirmado que la inaccesibilidad vulnera la base misma del pacto social mexicano al distinguir entre ciudadanos de primera, segunda y tercera por la calidad de los servicios que se ofrecen en distintos lugares y por distintas instituciones. Por otra parte, organismos internacionales en salud han señalado que uno de los elementos que inequívocamente han provocado esta grave situación es la baja inversión per cápita en salud. Así que la visión transformadora del actual gobierno federal en materia de salud es una serie incompleta de verdades ya conocidas desde hace tiempo, que sólo hacen más evidente las burdas contradicciones entre lo que dicen defender y lo que en realidad hacen.

Mientras afirman que garantizarán atención para todos los mexicanos, los recortes presupuestales, los retrasos en la entrega de recursos y el hiato operativo y normativo generado con la acelerada e imprudente desaparición del Seguro Popular, tienen a todas las instituciones públicas de salud, desde los institutos nacionales como el de enfermedades respiratorias hasta los hospitales generales y las clínicas rurales, al borde del colapso por el desabasto de insumos y la falta de personal.

No existe peor política contra la universalización del acceso a los servicios de salud que la centralización de los recursos y las decisiones. Sin proximidad no hay acceso efectivo y el enemigo natural de la proximidad es la concentración y burocratización ad-nauseam de las decisiones. Esto provocará, sin duda, más retrasos sobre los ya existentes, tanto en la entrega de recursos como en la atención de pacientes y encarecerá notablemente el ejercicio de cada peso destinado a salud.

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JJ/I