Tensión

Las empresas calificadoras de deuda, como S&P, Fitch o Moodys, juegan un papel central en las finanzas internacionales. Su función es realizar estudios para ubicar el riesgo de prestarle a un país o empresa, o detectar los problemas que el deudor tenga para pagar los intereses o capital de su deuda en plazos. Éstas se convierten en los referentes de las demás instituciones financieras para orientar a qué tasa de interés otorgar los créditos.

Una regla de las finanzas es la relación entre nivel de riesgo y tasa de interés: a mayor nivel de riesgo en el otorgamiento de un préstamo, es mayor la tasa de interés que se le cobra al deudor.

En general, se considera la existencia de dos bloques de riesgo: el bajo, lo que implica que el deudor se encuentra en grado de inversión y es confiable prestarle y, el alto, es decir el grado de especulación. Cuando un deudor cae en éste, significa que el deudor requiere el dinero con mayor apremio y que se espera que tenga más problemas para pagarlo.

El viernes pasado, S&P amenazó con reducir la calificación de Pemex por debajo del grado de inversión en 2020 (calificación BBB-), lo que se agrega a la baja declarada por Fitch, hace unas semanas, creando una expectativa más complicada para la estatal, que ya de por sí se encuentra en situación difícil con una deuda mayor de 106 mil mdd.

Los reportes de las calificadoras atribuyen la problemática de Pemex al terrible deterioro sufrido en años recientes. Sólo en 2017, su déficit se cuadruplicó y llegó a 320 mil mdp. Ahora los ingresos siguen bajando y, aunque el déficit también disminuye en forma drástica, la situación empeora.

Las decisiones del gobierno para reducirle la carga impositiva, inyectarle recursos y liberarla de pasivos para el pago de pensiones, además de la labor de mejorar sus ingresos enfrentando al huachicoleo y a la corrupción administrativa, representan esfuerzos significativos para sanear a la empresa, pero las calificadoras están orientadas por otra ruta: la de favorecer la inyección privada de grandes capitales que rentabilicen la actividad petrolera en beneficio de las empresas inversoras, es decir, continuar en la lógica de la reforma energética.

Lo anterior implica un juego de fuerzas entre dos concepciones para el sector energético: utilizar al petróleo que queda para emplearlo como palanca de desarrollo industrial local o, por el contrario, buscar una alta rentabilidad financiera, procurando altas inversiones y privilegiando la exportación de petróleo crudo.

De reducirse aún más la calificación de Pemex, el riesgo no es sólo para la empresa sino para el conjunto del país, pues es la principal proveedora de recursos fiscales para México. Del éxito de la estrategia que lleve a cabo dependerá en gran parte la estabilidad financiera del país.

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