Lo legal y lo seguro

Este viernes se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el cual ha ido modificándose a lo largo del tiempo; es bueno que ya no se trivialice como en ocasiones anteriores, ya que no se trata de una celebración del hecho de ser mujer, sino de generar conciencia sobre lo lejana que está la igualdad entre mujeres y hombres en todo el planeta; sin embargo, este año tuvo un cariz diferente, por lo menos en el ámbito local, y es que a las demandas se añadió, con fuerza, la exigencia de tener acceso al aborto legal y seguro.

Esta demanda es añeja, pero cobró especial relevancia dado que hace unos días el Congreso de Nuevo León modificó su Constitución para hacerlo ilegal (criminalizarlo), lo cual es particularmente grave, porque corta de tajo cualquier consideración para las diferentes situaciones por las que atraviesan miles de mujeres, y que ahora serán sujetas de penas de prisión. El tema del aborto no es binario (sí-no), no se trata de dar una respuesta de una vez y para todas (siempre-nunca), sino de un asunto extremadamente complejo, que incluso puede desafiar las definiciones científicas; por lo mismo, al pretender generar una solución final al problema, lo que se va a obtener es una cadena de consecuencias no deseadas.

En su libro Freakonomics, el economista Steven Levitt y el escritor Stephen Dubner relatan cómo el régimen de Ceausescu en Rumania prohibió por completo el aborto, e incluso instaló una “policía menstrual”, porque el dictador quería aumentar la tasa de natalidad; el resultado fue una gran cantidad de niños no deseados que a la larga tuvieron más problemas escolares, laborales e incluso criminales. Es loable que la sociedad quiera proteger la vida desde la concepción, pero la realidad es que generalmente esa misma sociedad se olvida de sus responsabilidades una vez que ese niño nace.

Una característica de la conducta humana es que no se puede prohibir una acción sin dar alternativas; ésa es la razón por la que las campañas de educación sexual que sólo promueven la abstinencia fracasan: proponen soluciones para un mundo ideal en lugar de enfrentar lo real, y lo real es que los adolescentes tienen relaciones sexuales y hay mujeres que abortarán. Así, otra de las consecuencias no deseadas de la prohibición a rajatabla es que quienes quieran practicarse un aborto lo harán, pero dependiendo de su situación económica lo harán en una clínica, en condiciones óptimas para su salud o, si carecen de medios, en la clandestinidad, aumentando las probabilidades de morir en el proceso. Una vez más, la ley hará la diferencia entre la vida y la muerte para quien tenga (o no) dinero.

Al respecto, un estudio publicado en el portal The Lancet muestra que la criminalización del aborto no ayuda a disminuir su incidencia; países que lo permiten tienen en general los mismos números que países que lo prohíben; según este estudio, la diferencia estriba en la calidad de la salud reproductiva y la educación sexual que se ofrece a las mujeres: los países desarrollados muestran un declive en el número de abortos en función de estas variables, ya que se producen menos embarazos no deseados. Por otro lado, esta investigación (con datos de casi cinco lustros) muestra claramente que la mortandad de las madres aumenta dramáticamente cuando se les prohíbe abortar.

La discusión sobre el aborto no es fácil, pero es urgente; no se puede legislar de espalda a las realidades sociales; se debería buscar un marco legal que proporcione opciones a las mujeres, y que pueda resolver entre las posibles incompatibilidades de derechos. En lo que esto sucede, parecería evidente que el primer paso tendría que ser garantizar la educación sexual para todos, el libre acceso a los métodos anticonceptivos y, sobre todo, una vida libre de violencia sexual para las mujeres, quienes ahora son victimizadas por la ley.

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