Quinto Patio

Ayer, el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos presentó los resultados de su encuesta sobre percepción de calidad de vida de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara 2018. Un dato que salta del documento y que hace sonar las alarmas es el de desaparecidos. De quienes respondieron, 8.3 por ciento dijeron tener un familiar desaparecido; para dimensionar la gravedad del dato, hay que revisar la encuesta anterior, correspondiente a 2016, donde 2 por ciento señaló tener un familiar desaparecido. Es decir, estamos hablando de cuatro veces más.

¿Cuántos son? Los especialistas en datos señalan que tendría que extrapolarse con el número de hogares, por lo que el dato llevaría a los cerca de 100 mil. Sí, es demasiado. Recientemente el gobierno del estado admitió que el problema es más grave de lo que había aceptado la anterior administración, y fijó su cifra en más de 7 mil. Tal vez la encuesta arroja señales excesivas, pero como está la situación, es un tema prioritario.

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En diciembre anunció que como parte de su intención de movilizarse sin abusar de los recursos del estado, vendería en una subasta el jet de lujo que le heredaron. El gobernador Enrique Alfaro señaló esa vez que no conocía el valor de la aeronave, pero al más puro estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que deseaba aligerar los costos de la administración estatal, sobre todo en combustible, pues el jet consumía hasta 300 mil pesos al mes por ese concepto.

“El gobierno desde hace mucho tiempo tiene un jet y la verdad es que no le veo sentido a tener un avión de esas características. No pienso hacer viajes al extranjero en avión privado ni mucho menos. Yo me voy a mover a ras de piso, pero si hubiera una necesidad, creo que con una avioneta, si acaso un turbohélice, se puede ahorrar muchísimo combustible”, dijo. Pues bien, ayer metió reversa: que siempre no lo venderá, que a veces no puede viajar en vuelos comerciales, que lo usa para trasladarse a la CDMX y que sale más caro comprar una avioneta. Una promesa refundadora incumplida…

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La diputada del PRI Mariana Fernández anda más contenta ahora que se supo quién tenía la razón. La semana pasada polemizó en comisiones con el diputado Salvador Caro, quien defendía y aseguraba que era legal la propuesta de que las policías municipales pudieran hacerse cargo de las medidas cautelares; casi le decía yo tengo experiencia y tú no. Estaba tan seguro Caro que se atrevió a decirle que sus asesores son inexpertos y que no les hiciera caso, pero la legisladora no se intimidó y hasta le contestó que ya verían.

Con el arranque de semana, los emecistas debieron recular. Fernández tomó la tribuna para señalar “se los dije”, pero estaba tan feliz que empezó a enumerar otros asuntos en que han tenido razón como el alto costo en impuestos en el Ayuntamiento de Guadalajara en actas de nacimiento, las multas a motociclistas, la desaparición del Instituto de las Mujeres y ahora las medidas cautelares. A Fernández la rodea un equipo de asesores con años en el Congreso y que son viejos lobos de mar, aunque Caro siempre los ha subestimado, al grado de no tomarlos en cuenta y quedarse con los consejos de sus propios noveles asesores. La ignorancia cuesta cara.

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El #MeToo en todas sus vertientes continúa adelante, promovido por agrupaciones que denuncian actos de violencia sexual contra mujeres. Ha sido sacudidor de consciencias e inconsciencias. De paso, precisan desde el ITESO que uno de los señalados en las redes sociales, Óscar Augusto, no es profesor de esa universidad, sino egresado.

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La obsesiva Academia de Ortografía del QP aclara que una cosa es la ley antiruido (con una r), que suena similar a como leería esa palabra un estadounidense que poco masca el español, y es como la escribe el boletín del Ayuntamiento de Guadalajara para anunciar que empezará operativos contra los ruidosos, y otra cosa es la ley antirruido (con dos r), que es la forma correcta de escribirla y suena tan rasposa como un ríspido ruido ¡rrrrrrrrr!

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da/i