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Educar para la paz con justicia social

El dictamen que abroga la reforma educativa implementada por el gobierno de Peña Nieto está listo para ser discutido en su primera lectura en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Luego de un proceso de consulta, la iniciativa presentada por el Ejecutivo a finales de 2018 fue modificada para presentar un proyecto consensuado que integra las opiniones de los diferentes actores políticos y sectores sociales, según se explica.

Hay temas que aún generan polémica, como el de la evaluación a los docentes -aunque se afirma que hoy no tendrá un carácter punitivo- y la integración del organismo denominado Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación que deberá establecer formas de evaluación, indicadores, certificación, desempeño escolar, etcétera, y sustituiría al Sistema Nacional de Evaluación que tantos conflictos generó, sobre todo por despido injustificado a cientos de maestros.

Pero en la mayor parte de las propuestas del Ejecutivo no existen diferencias esenciales que impidan aprobarlas, de ser así tendríamos un artículo Tercero Constitucional que señala como obligación del Estado garantizar (no sólo impartir como ya se señala en el texto actual) desde la educación inicial hasta la de nivel superior; también se propone que la educación que imparta el Estado deberá basarse en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, fomentar el respeto a todos los derechos, libertades, dignidad de la persona y la cultura de la paz.

La Iniciativa señala que el Estado priorizará el interés superior de la niñez y la juventud; que los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y se reconoce su contribución a la transformación social. Se deja al Ejecutivo Federal de manera conjunta con los gobiernos de los estados y actores sociales vinculados a la educación determinar principios rectores, objetivos de la educación inicial, planes y programas de estudio de educación básica y normal para todo el país.

Se determina que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral que incluye el conocimiento de ciencias, humanidades, filosofía, historia, civismo, innovación, deporte, arte, salud y cuidado del medio ambiente, entre otros elementos. También señala atención especial para las escuelas en zonas de alta marginación y la necesidad de establecer medidas para el acceso pleno a la educación aún en el contexto de grandes desigualdades socioeconómicas, regionales y de género. También se agrega educación para adultos, educación plurilingüe para comunidades indígenas; inclusión, considerando las capacidades diversas, además de integral e intercultural.

Con la llamada “Reforma Educativa” del gobierno anterior se responsabilizaba a los profesores del fracaso del sistema educativo nacional, señalando que era falta de capacitación, de voluntad o de responsabilidad en el cumplimiento de su labor educativa. La realidad es que bajo el esquema neoliberal la educación no tiene un propósito de emancipación o de formación de conciencia nacional para la independencia, el bienestar y la justicia social; desde la lógica de los organismos trasnacionales que imponen modelos ajenos a la pedagogía latinoamericana y a la experiencia nacional, la educación se orienta a formar generaciones de empleados eficientes, carentes de conciencia social o colectiva, totalmente útiles a las necesidades del mercado, mano de obra calificada y bajo salario.

La iniciativa actual se propone recuperar el carácter humanista de la educación y el papel de los educadores como actores de la transformación social; pero ¿cómo llevar a la práctica todas las disposiciones que hoy se establecerían? ¿Por donde empezar? El artículo tercero constitucional ya contiene una serie de Principios que debieran regir la educación en todos los niveles con una orientación humanista; sin embargo, aunque no se retiraron del texto legal, en la práctica se dejaron de lado durante más de treinta años.

¿Cómo puede contribuir la educación a formar a las nuevas generaciones de personas para tener un país en el que prevalezca el respeto a los derechos y la dignidad humana, el cuidado a la familia, el compromiso social, la protección del medio ambiente?

No hay una respuesta sencilla, pero debe haber un compromiso colectivo de construir soluciones para dejar atrás una sociedad en donde la inseguridad y la violencia parecen no tener fin.

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