Refundación: opacidad 'versus' información

La licitación para el arrendamiento de maquinaria agrícola como parte del programa A Toda Máquina ha provocado una severa crisis al interior del gobierno estatal, derivada de una serie de eventos que han puesto en predicamento tanto la legalidad del procedimiento como la existencia de un posible conflicto de intereses, que involucran al empresario beneficiado con el mismo gobernador.

El hecho de que la Contraloría del Estado haya abierto una investigación como respuesta a las denuncias por “posibles inconsistencias” que presentaron dos ciudadanos ilustra la gravedad del asunto. Más allá del tema concreto que ha provocado la crisis, lo que devela esta situación es el posicionamiento de quienes impulsan el proyecto de refundación, hacia lo relacionado con la transparencia de los actos de gobierno y la rendición de cuentas. Aspectos ambos, vinculados forzosamente a la visibilidad pública, en la cual los medios de comunicación desempeñan un papel central.

En su texto El escándalo político, John B. Thompson abona al principio de que los actores políticos habitan en “casas de cristal”, es decir, que todas sus acciones, inclusive aquellas que se consideran de la vida privada, son susceptibles a ser sometidas al escrutinio público. En otra de sus obras, el autor recomienda a quienes se desempeñan en el ámbito público realizar un ejercicio de “administración” de su visibilidad pública. Recomendación generalmente desdeñada.

Por otra parte, en las sociedades democráticas los medios masivos de comunicación y de una manera particular, la prensa, además de asumir a la información como su función principal, esto es la de “vigilar el entorno”; en las sociedades democráticas se convierten en las instancias de vigilancia para la salvaguarda de los intereses de la ciudadanía. Son los perros guardianes –Watchdog– de la legalidad democrática. Vigilan la transparencia de los actos de gobierno y lo obligan a la rendición de cuentas de su ejercicio.

A partir de lo anterior se puede deducir que, más allá del tema concreto, el gobierno de Alfaro enfrenta una crisis de comunicación que ha revelado las deficiencias del aparato estatal. La secuencia de eventos, desde la publicidad de una imagen que lo situaba en la zona premier del estadio de los Lakers, las contradictorias versiones sobre el pago de sus entradas y la falta de explicación sobre la presencia de personajes de la política y empresarios en su comitiva se convirtieron en el antecedente del reportaje de Sonia Serrano, publicado en este diario, en el que daba cuenta de diversos elementos detectados en el proceso de licitación de un contrato, mediante el cual la Operadora de Servicios Mega, propiedad de Guillermo Romo Romero, resultaba beneficiado con más de 3 mil 634 millones de pesos. Casualmente, el empresario tequilero que había sido mencionado como el que otorgó los boletos para el juego de los Lakers. Pero además, el domicilio compartido por las dos empresas finalistas, así como su apoderada legal, la cual había trabajado para familiares del gobernador, fueron elementos que contribuyeron a empañar, por decirlo de una manera, la legalidad del procedimiento.

Los manuales de comunicación de crisis aconsejan que la mejor manera de atajar el problema sea mediante el suministro de una información lo más completa y puntual, para disipar cualquier cuestionamiento sobre el tema. Información completa y puntual. Sin embargo, desde la instancia gubernamental, no se sabe si desde la oficina o de motu proprio, el gobernador decidió responder a los cuestionamientos con el ataque y la descalificación del medio que publicó el reportaje. Es decir, optó por el comportamiento que ha caracterizado la relación de su gobierno con los medios.

Este episodio pone en entredicho el compromiso del gobierno hacia temas tan importantes como la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos que constituyen indicadores de la calidad democrática de una sociedad. Suministrar información completa y puntual no es un acto de condescendencia gubernamental, es su obligación hacia los ciudadanos. Esto que debería ser claro para cualquier gobierno que se presume democrático, debería convertirse en insignia de quien convoca a la refundación.

@fracegon

JJ/I