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Dudas sin respuestas

Hace más de una semana que este diario dio a conocer los primeros datos que pusieron sobre la mesa de las dudas el arrendamiento de maquinaria pesada por parte del gobierno del estado, sin que todavía, más allá de la reacción iracunda del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, haya una explicación.

Así, las inquietudes persisten, porque la supervisión de los asuntos públicos no puede ser un acto de fe, como exige el mandatario.

El camino que las autoridades locales decidieron seguir para llegar al contrato con la empresa Operadora de Servicios Mega fue el de la opacidad. A la fecha, no sabemos cuáles son los objetivos concretos del programa, nos enteramos con cuentagotas de las condiciones de la licitación, desconocemos los términos del contrato con la arrendadora y de los convenios para la entrega a los municipios, así como de los mecanismos que se utilizarán para la supervisión del uso del equipo.

Las dudas se fortalecen si lo único que hemos conocido hasta el momento, el proceso de licitación, presenta inconsistencias que el gobierno del estado se ha negado a aclarar.

Con los candados que en los últimos años se han incluido en la legislación en materia de licitaciones, también ha llegado la imaginación de los funcionarios públicos para seguir favoreciendo a determinadas empresas con los contratos públicos. En los últimos años ha sido un secreto a voces y en muchos casos se ha logrado documentar que, en procedimientos que no violan la ley, se arman licitaciones simuladas.

Para ello, hay desde acuerdos entre las empresas que participan hasta trampas más sofisticadas como la creación de empresas fantasma, con domicilios inexistentes o en otros estados. El caso más reciente de estas prácticas se documentó en Ciudad Creativa Digital. Con estos mecanismos, controlar a quién se asigna un contrato, siguiendo los procedimientos que marca la ley, es muy sencillo.

Por eso llamó la atención que entre las únicas dos empresas que cumplieron los requisitos que se establecieron en la convocatoria hubiera coincidencias tan directas como que la abogada Mariel Rodríguez Printzen sea la misma persona con la representación legal de ambas; que ninguna de las dos empresas establece un domicilio fijo y que el único que aparece en las actas inscritas en el Registro Público del Comercio sea el mismo, y que uno de los socios en una de estas empresas sea a su vez director de un área importante en la otra.

Todo esto, sin contar la frívola coincidencia de que el dueño de la empresa que ganó la licitación, Guillermo Romo Romero, es quien aparece sentado a la derecha de la diputada local Mirza Flores en el partido de basquetbol al que también asistió el gobernador Enrique Alfaro, para ver desde las privilegiadas primeras filas un partido de los Lakers de Los Ángeles.

Ante esos primeros datos, el gobierno del estado respondió que el partido de basquetbol fue posterior a la resolución de la licitación. Como si eso marcara una diferencia.

Para aderezar la lista de dudas, en el perfil laboral de la abogada Mariel Rodríguez aparece como antecedente a su trabajo en Operadora de Servicios Mega el haberse desempeñado como colaboradora de las notarías del padre y del hermano del gobernador Enrique Alfaro.

Después de esto, lejos de una explicación, vinieron las descalificaciones por parte del mandatario, llamando “periodiquito” a El Diario NTR Guadalajara. Ante la falta de argumentos para defender el proceso de licitación, prefirió el enojo. Ahora, la revisión está en manos de la Contraloría estatal, lo que hace surgir una nueva duda: ¿permitirán a la dependencia hacer su trabajo?

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da/i