El agujero negro de los recursos federales

El esquema de trabajo a través de delegaciones de las secretarías y dependencias federales en cada una de las entidades permitió que el ejercicio de los recursos federales se convirtiera en un gran agujero negro.

La falta de transparencia, la poca fiscalización y el casi nulo control de lo que sucedía en las entidades federativas una vez que llegaban los recursos del gobierno federal, terminó en excesos, desvío de recursos o, al menos, en poca claridad en el gasto público.

Gracias a ese esquema, por ejemplo, fue posible que se registraran irregularidades en el Seguro Popular durante la gestión de quien posteriormente fue secretario de Salud en el estado, Antonio Cruces Mada.

Esa falta de control que se refleja en inconsistencias permanentes, llevó a que Jalisco acumulara, en el penúltimo año del gobierno del priísta Jorge Aristóteles Sandoval, más de 17 mil millones de pesos en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En mayo del año pasado, El Diario NTR Guadalajara dio a conocer que la pasada administración contrató a una empresa a la que pagó más de 46 millones de pesos, para que le ayudara a limpiar las cuentas públicas federales. Es decir, el costo para los jaliscienses no solo fue el manejo inadecuado de los recursos federales, sino también los millones de pesos que tuvieron que destinarse al intento de solventar esas irregularidades. Incluso, terminó el gobierno de Sandoval Díaz y no alcanzó el tiempo para la aclaración de todos los señalamientos.

Por si fuera poco, una buena parte de la solventación de irregularidades se hizo con la devolución de los recursos a la Federación, lo que significa dinero que debió gastarse en beneficio de los jaliscienses y que no se ejerció o se usó de manera incorrecta.

A partir de estos esquemas en el gasto de los recursos federales en los estados, también fueron posibles los beneficiarios fantasma de los programas sociales, los prestanombres de estancias infantiles, las falsas licitaciones en compras y obras públicas, y una larga lista de inconsistencias.

Esta semana, proveedores de medicamentos y estudios de laboratorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunciaron que los obligaron a triangular contratos con una empresa en Puerto Vallarta, que posteriormente no les pagó.

Al intentar cobrar al ISSSTE los servicios que prestaron en 2017 y 2018 les dijeron que la institución ya había pagado a la empresa que los subcontrató, por lo que se trataba ya de un problema entre particulares. Por su parte, la empresa desconoció a los proveedores que reclamaban los pagos y afirmó que con quienes sí había retrasos, fue porque a su vez el ISSSTE no había emitido los cheques.

Con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se anunció un cambio en la operación de las delegaciones en los estados. Se nombró a un responsable en cada entidad y, se informó, habría directores por cada secretaría, con una menor burocracia y una reducción de los costos.

Pero lo cambios han sido lentos y las delegaciones en realidad funcionan por las estructuras que permanecen, ante el desorden y la falta de información. De esta manera, sigue sin haber claridad de la forma y cobertura de programas sociales, especialmente ante las modificaciones en las reglas de operación, mientras que el ejercicio de los recursos que llegarán al estado es todavía más opaco.

Al nuevo gobierno, la tarea de enmendar las graves irregularidades y casos de corrupción de sus antecesores se le ha enredado con el caos, la ineficiencia y la lentitud en las acciones en los estados, aderezado por el centralismo en las decisiones.

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JJ/I