Ejidatarios piden no más dilaciones

Por segunda ocasión el perito asignado por el Juzgado Tercero de Distrito solicitó prórroga para dictaminar el avalúo de las tierras del ejido El Zapote, relacionado con la expropiación de tierras para el asentamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo. Esto ha generado zozobra entre los ejidatarios, quienes pidieron no más dilaciones en el proceso.

El 4 de mayo vencería el segundo plazo. “Nosotros esperamos que ya se emita el dictamen; ya van dos prórrogas de 10 días y pareciera como si fuera por la tercera”, señaló el representante ejidal, Nicolás Vega Pedroza, refiriendo temor a que detrás de las demoras haya presiones políticas.

Podrían entenderse de complicaciones técnicas o sobrecarga laboral, siempre y cuando se acrediten, pues “constantemente han salido con tácticas dilatorias por parte de la autoridad”, indicó Vega Pedroza.

Además del Zapote, los ejidos de Santa Cruz del Valle, Toluquilla y San José del Valle están en el litigio por la expropiación de tierras hace más de cuatro décadas.

En el caso de Santa Cruz del Valle, según un dictamen oficial del 31 de octubre del año pasado, fue valorando en 468 pesos como mínimo y 650 pesos máximo el metro cuadrado, señaló el entrevistado.

Para el caso de El Zapote “tenemos un avalúo de hace dos años, que fijaba 2 mil 610 pesos; el último que emitió el perito por parte del ejido ronda los 3 mil 500, tenemos varios; lo que estamos esperando, y esperamos no más dilaciones, es el que instruyó el juez”, anotó Nicolás Vega.

A diferencia de otros ejidos, el de El Zapote es el más cercano a la pista y con mayor extensión expropiada para dar paso al aeropuerto, puntualizó.

En caso que el perito solicite una tercera prórroga, seguirán las manifestaciones entorno al aeropuerto para exigir pronta respuesta. “Entendemos que todo lleve tiempo, pero creemos que ya se ha pasado”, comentó el representante de los quejosos.

Desde hace 42 años ejidatarios reclaman el pago de las tierras que les expropió el gobierno federal para dar paso al aeropuerto, tiempo en el que han reprochado el desdén para ponerle fin al conflicto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), este último encargado de operar el aeropuerto.

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