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La clausura definitiva del relleno sanitario Los Laureles, así como un cambio radical en el modelo de recolección y disposición de residuos generados por los habitantes de la zona metropolitana, son las exigencias de miles pobladores de los municipios afectados por el incendio que se presentó en el vertedero durante la semana pasada.
La expresión de estas demandas se materializó con la entrega, realizada la tarde de ayer, de alrededor de 3 mil 100 firmas con las que se busca ampliar la queja que el 17 de abril presentaron integrantes del colectivo Un Salto de Vida ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
“La queja radica en que los derechos que tenemos a la salud y a la protección de la misma no se dieron, a raíz de que ellos (las autoridades) ya tenían conocimiento del incendio y de que la población estaba siendo sumergida en los humos tóxicos sin recibir ninguna clase de instrucción de cómo protegernos, ninguna medida de salud, de protección civil ni de ningún ayuntamiento”, explico Graciela González, integrante del colectivo.
A pesar de que la conflagración del vertedero ubicado en los límites de Tonalá y El Salto se extendió durante cinco días (a partir de las primeras horas del lunes 15 de abril y hasta el viernes 19) y de que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) declaró una emergencia atmosférica para cuatro municipios, los quejosos reclamaron que la falta de una efectiva comunicación de riesgos derivó en que la vida en las comunidades afectadas continuara con normalidad.
Alan Carmona, del mismo colectivo, recordó que se ha documentado que en el vertedero, al que aproximadamente cada día llegan entre 2 mil 500 y 3 mil 500 toneladas de basura generadas en la metrópoli, se tiene presencia de metales pesados como cadmio, mercurio y níquel.
“Además, no tienen un estudio técnico que determine cuánta basura más puede seguir recibiendo Caabsa cuando ya no tiene para dónde hacerse. El vertedero cumplió su vida útil hace 11 años, en 2008 y por eso también denunciamos al municipio de Guadalajara desde que Enrique Alfaro decidió, a pesar de tener esa información, ampliar el convenio a 15 años más tanto para la recolección de residuos como para la disposición de basura en Los Laureles”, expuso.
Esta carencia, manifestó, resulta violatoria de lo establecido en el artículo 88 de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, donde se estipula que infractores reincidentes “que generen efectos negativos al ambiente” pueden enfrentar clausuras parciales o definitivas.
“No es posible que este modelo arcaico permanezca solamente por intereses económicos, mientras está perjudicando, matando y enfermando a las poblaciones, al territorio, al agua”, enfatizó González.
EMITEN MEDIDAS PRECAUTORIAS
Tras la queja presentada, la CEDHJ emitió una serie de medidas precautorias dirigidas al Ayuntamiento de Tonalá tendientes a evitar que se repitan omisiones como las presentadas durante la semana pasada.
“Gire instrucciones a las direcciones o jefaturas que corresponda, entre otras, las direcciones de Gestión Ambiental, Servicios Generales, Mejoramiento Urbano y Protección Civil para que cuando se advierta riesgo alguno de incendio en el vertedero referido o en similares, de inmediato se alerte a la población en general por todos aquellos medios de comunicación escritos, electrónicos, redes sociales y los que sean pertinentes para evitar riesgos a la integridad física y a la salud”, se lee en el documento emitido por el organismo defensor.
Se espera que en los próximos días estas medidas se hagan extensivas a otras de las autoridades involucradas.
El alcalde de Tonalá, Juan Antonio González Mora, aseguró que algunos personajes inconformes por las afectaciones generadas por el incendio en el vertedero Los Laureles, ocurrido la semana pasada, buscan raja política, pues, afirmó, los gobiernos estatal y municipales actuaron oportunamente.
González Mora aseguró que desde el primer día del siniestro, el lunes 15 de abril, hubo comunicación entre las administraciones
Como primera medida de coordinación destacó la implementada por las secretarías de Salud Jalisco (SSJ) y de Participación Ciudadana que, junto con la dirección municipal de Reglamentos, cancelaron la venta de alimentos en la calle.
Aseguró que durante el incendio, que fue sofocado hasta el viernes 19 de abril, se repartieron a la población 3 mil 700 cubrebocas. Además, se abrieron módulos móviles de atención y los centros de salud estuvieron abiertos hasta tarde. Adrián Montiel
“No es posible que este modelo arcaico permanezca solamente por intereses económicos, mientras está perjudicando, matando y enfermando a las poblaciones, al territorio, al agua” Graciela González, integrante del colectivo Un Salto de Vida
“No es posible que este modelo arcaico permanezca solamente por intereses económicos, mientras está perjudicando, matando y enfermando a las poblaciones, al territorio, al agua”
Graciela González, integrante del colectivo Un Salto de Vida
JJ/I