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También mencionó que actualmente la población de Jalisco se considera “joven adulta” y se proyectó que en 2050 experimente un envejecimiento n...
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Legisladoras listillas
Al Rey Sol
Que Pemex admita su culpabilidad histórica en las explosiones del 22 de abril de 1992 y que dé una disculpa pública, exigió el gobernador Enrique Alfaro, quien se mostró dispuesto a llevar personalmente una carta con la petición al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo esto ayer en el acto conmemorativo frente a la escultura La estela contra el olvido, en el Jardín de Analco. Algo así como, si AMLO pidió una disculpa a España, que los jaliscienses se la pidan a Pemex.
Voces críticas, como la Red Jalisciense de Derechos Humanos y otras ONG, consideran que eso no es suficiente. Falta una comisión de la verdad, petición hecha por el ombudsman Alfonso Hernández, de la que informan no han obtenido respuesta de Alfaro para crearla. Sólo con la verdad y la justicia podrán las víctimas y la ciudad impulsar el perdón a Pemex y al Siapa (que incluyen). “Antes debemos conocer todo lo que se ha ocultado para que los poderes y la corrupción que detonaron la tragedia no sigan en la impunidad”, advierten.
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Los viejos conocidos se reencontraron ayer: Lilia Ruiz, presidente de la asociación civil 22 de Abril en Guadalajara, y Enrique Alfaro, quien encontró el escenario ideal para hacer su aparición como el primer gobernante que los escuchaba y visitaba sus eventos, pues los gobernadores panistas sólo iban a misa y sin calidad de funcionarios. Las partes, los actores, sólo estaban esperando que se cumpliera el guion con los acuerdos ya avalados.
Lo triste: recordar el sufrimiento que cargan las víctimas, las heridas sin cerrar y las canas acumuladas tras 27 años de lucha, pero según Alfaro eso quedó en el pasado porque la demanda de casas, aguinaldos e indemnizaciones de 200 mil pesos se cumplirán en menos de un año. Cuatro millones puso el ayuntamiento tapatío y uno el gobierno estatal en ese fideicomiso que se había olvidado. Un acto político comunicativo, pues.
“Los camiones de la basura no son mágicos, los residuos de la gente en las ciudades van a parar a territorios reales con gente real que se enferma y muere”, expresó Graciela González, del colectivo Un Salto de Vida, y resumió el sentir desesperado de los habitantes que cinco días sufrieron las emisiones del incendio del vertedero Los Laureles, ubicado en los límites de Tonalá y El Salto, y por el que, aseguró, muchas personas han comenzado a resentir daños respiratorios y dermatológicos.
Recordemos que en 2016 el gobierno de Guadalajara, con su entonces alcalde Enrique Alfaro, extendió 15 años más el convenio con la empresa Caabsa para operar el vertedero Los Laureles, que cumplió su vida útil hace más de una década. Por ello, ayer, con el Día de la Tierra como contexto, vecinos de poblaciones afectadas ampliaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones al derecho a la salud y al medio ambiente digno. Hay malestar.
El Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito corrigió la plana a un juez y tres magistrados locales, a quienes recordó que la censura está prohibida en la Constitución federal. (Que San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, libre a reporteros y miembros del gremio de caer en sus manos). El regaño fue para el juez cuarto de lo Civil, Manuel Edgardo Servín, y los magistrados Luis Enrique Villanueva, José de Jesús Covarrubias y Héctor Delfino León, quienes habían resuelto que el periodista Pedro Mellado había dañado la imagen del ex diputado del Partido Verde Enrique Aubry.
Al conceder el amparo a Mellado, los magistrados federales consideraron que los juzgadores locales habían actuado (léase con atención) de manera i-le-gal al resolver de manera subjetiva sobre el beneficio que la información publicada arroja a la sociedad democrática. Entre otros puntos que mencionan, está la defensa de la libertad de expresión y la precisión de los magistrados del colegiado de que en sus columnas, Mellado siempre se refirió al actuar de Aubry como funcionario público y nunca a su vida privada. Lo malo es que el regaño costó al periodista tres años en tribunales. (Lo dicho: que San Francisco de Sales también intervenga).
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JJ/I