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Emiten protocolo contra acoso en gobierno estatal

CASTIGO. Las sanciones para los servidores públicos pueden ir desde las amonestaciones, hasta la suspensión o destitución del empleo. (Foto: Mónika Pérez Neufeld)

Con el objetivo de erradicar los casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral cometidos por servidores públicos de la administración pública estatal hacia sus pares, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) y la Contraloría del Estado dieron a conocer ayer el Protocolo Cero, instrumento en el que se establece la ruta a seguir ante denuncias de este tipo.

En el protocolo, aún pendiente de ser publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, se expone que las víctimas podrán realizar denuncias (bajo anonimato o no) ya sea ante el comité de ética o el órgano interno de control de la institución correspondiente o directamente ante la Contraloría del Estado; para hacerlo será necesario que se narren los hechos, incluyendo circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Tras la recepción de la queja, según detalló Fela Pelayo López, titular de la SISEMH, se tendrá un plazo máximo de tres días para emitir medidas preventivas o precautorias a favor de la persona afectada, como pudieran ser cambios de horarios o sedes del agresor. Posteriormente, se emitirá una resolución definitiva.

Teresa Brito Serrano, contralora estatal, expuso que cada caso será analizado tomando en cuenta su contexto y particularidades, por lo que no existirá un único método de investigación.

“Tenemos que encontrar, de la mano con cada órgano interno de control, cuáles son las diligencias que se tienen que llevar a cabo para perfeccionar el dicho de la víctima (…) Basta que ésta mencione la agresión para que nosotros busquemos darle el encaje legal que sustancie esa denuncia, siempre con respeto al posible agresor”, manifestó.

De igual forma, las sanciones impuestas variarán en cada caso, que, según lo contenido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, pueden ir desde amonestaciones públicas o privadas, suspensión o destitución del empleo, hasta inhabilitaciones temporales para desempeñarse en el servicio público. Además, Pelayo López recordó que, en materia penal, el delito de hostigamiento (cuando existe una situación de jerarquía) es penado con entre dos y cuatro años y, de uno a cuatro años en casos de acoso.

TIEMPO. Fela Pelayo explica que llevará cuatro meses capacitar al personal que estará encargado de la implementación del protocolo.
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A la par, la SISEMH será la encargada de dar seguimiento al caso y de ofrecer atención psicológica a la persona que haya vivido acoso u hostigamiento.

Pelayo López detalló que, durante cuatro meses a partir del 15 de mayo, se llevará a cabo un programa de capacitación dirigido al personal que estará encargado de la implementación del protocolo; posteriormente, el proyecto de sensibilización se hará extensivo a todo el personal de la administración pública.

Para la puesta en marcha del protocolo se cuenta con un presupuesto de 300 mil pesos. 

“Tenemos que encontrar, de la mano con cada órgano interno de control, cuáles son las diligencias que se tienen que llevar a cabo para perfeccionar el dicho de la víctima”

Teresa Brito Serrano, contralora estatal

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300 mil pesos se destinarán a la aplicación del protocolo

JJ/I