En la lona

En la discusión para modificar la reforma educativa que se hizo en el sexenio pasado es evidente que pesan más los intereses y las tajadas que la sustancia del tema educativo.

Los planes para la enseñanza o cómo subir en el ranking mundial de aprendizaje es lo de menos. La educación es rehén de la política y la lucha por obtener beneficios económicos o poder.

Un solo voto faltó en el Senado de la República para sacarla adelante en el periodo ordinario de sesiones que terminó el 30 de abril, luego de que la fracción del Partido Acción Nacional se inclinara hacia la desconfianza y frustrara la mayoría calificada.

Los panistas no confían en que el nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua a la Educación (el reemplazo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) vaya a ser lo suficientemente autónomo.

Tampoco confían en que el nuevo gobierno cumpla con su palabra de limpiar la corrupción en el sistema educativo al cerrar la puerta a que los sindicatos manejen la asignación de plazas, ya sea por venta, por herencia o por negociación. No confían porque se percibe a todas luces que ni la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ni el magisterio que sigue la línea de Elba Esther Gordillo están dispuestos a permitir que se les excluya de meter mano en la admisión y promoción del magisterio.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que el magisterio opositor a su iniciativa de reforma no tiene ningún interés en el asunto del control de plazas, desde la bancada de senadores panistas se percibe que la corrupción podría regresar, pero con otros actores que harían el negocio con las plazas magisteriales. Esos actores, por supuesto, serían de Morena.

Así, sin la mayoría calificada, el Senado de la República devolvió a la Cámara de Diputados la reforma educativa de López Obrador que habían aprobado el 25 de abril. Lo que sigue ahora es repetir el proceso de negociaciones y puede que un nuevo acuerdo no salga tan fácil y tan rápidamente.

Por lo pronto, Juan Carlos Romero, coordinador de los diputados del PAN, dice que tienen una nueva oportunidad para revisar a profundidad y corregir las inconsistencias e imperfecciones que detectan. No quieren corrupción ni impunidad, mucho menos venta y tráfico de plazas.

El panista advierte que su bancada no acompañará la minuta si se mantiene en los términos en que se aprobó, aunque más de 80 por ciento de su contenido fue impulsado por cuatro bancadas y una organización social.

En lo primero que tienen que encontrar acuerdo es en cuándo discutirían de nueva cuenta la reforma. Mientras, permanece en el limbo.

El coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, reconoce que la iniciativa que propuso el Ejecutivo está en riesgo porque en el Senado hubo reservas a 80 por ciento de lo que ya se había aprobado el 25 de abril. Es decir, prácticamente hay que volver a aprobar y si eso no pasa, no hay reforma.

Por increíble que parezca, son ya 19 años los que la educación en el país ha estado sumida en cambios constitucionales, creaciones y desapariciones de instituciones. En 2000 comenzó la aplicación de la prueba PISA, en el gobierno de Vicente Fox; en 2011, Felipe Calderón introdujo la reforma integral de la educación básica; en 2013, se aprobó la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, y en 2019 López Obrador impulsa una abrogación a lo hecho por su antecesor.

Mientras los políticos hacen y deshacen, lo que no cambia es que México sigue en el último lugar de aprovechamiento escolar de los alumnos en las evaluaciones de la OCDE.

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JJ/I