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A Toda Máquina, en manos del Congreso

LE TOCA. El gobierno del estado pagará el combustible de la maquinaria, el salario del personal que la operará y arreglos correctivos. (Foto: Especial)

En el contrato de arrendamiento de maquinaria pesada, cuyo plazo se fijó en seis años, se estableció que su pago en los siguientes ejercicios dependerá de la aprobación de los respectivos presupuestos, atribución que corresponde a los diputados locales.

Según las cláusulas del contrato firmado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la empresa Operadora de Servicios Mega SA de CV, cada año el Poder Legislativo tendrá que aprobar los pagos que se harán por el arrendamiento de la maquinaria.

En este documento, del cual NTR tiene una copia, se establece el calendario de pagos que se harán a la empresa; sin embargo, en el último párrafo de la octava cláusula también se señala que, según lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, “los pagos que se tengan que efectuar con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente”.

Este contrato fue firmado el 13 de febrero, apenas un día después que se emitió el fallo en la licitación. Como representantes del gobierno estatal lo firmaron el director general de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, Luis Arturo López Sahagún, y el titular de la Sader, Alberto Esquer Gutiérrez, mientras que por la empresa lo hizo Ignacio Javier González Delgadillo.

Para la entrega de maquinaria se establecieron tres fechas, los días 29 de marzo, 29 de abril y 29 de mayo, y sólo se otorgaron 20 días para la revisión del equipo, a partir de su recepción formal. En términos generales, se señala que el proveedor se hará cargo del mantenimiento y el gobierno del estado del combustible, el salario del personal que lo operará, así como de arreglos correctivos, la mano de obra y refacciones que no estén previstas en el contrato.

Para el pago del arrendamiento, que se contrató de 2019 a 2024, se establecieron seis montos anuales. El primero, que abarca del 29 de marzo al 31 de diciembre de 2019, por 483 millones 507 mil 64.22 pesos. Luego, hay cuatro años más de 663 millones 271 mil 634.88 pesos cada uno, para los periodos comprendidos del primero de enero al 31 de diciembre de 2020, 2021, 2022 y 2023, y una última anualidad de 497 millones 453 mil 726.16 pesos del primero de enero al 29 de septiembre de 2024.

En la parte inicial del contrato, se pagará por apertura del crédito 31 millones 264 mil 792.56 pesos en tres mensualidades.

El resto de los recursos se deben entregar mensualmente a la empresa, para lo cual se estableció un primer monto correspondiente a abril por 23 millones 568 mil 103.08 pesos, y uno más en mayo por 41 millones 765 mil 714.90 pesos. El resto de los pagos se hará en 64 mensualidades de 55 millones 272 mil 636.24 pesos cada una.

La garantía que se establece para el equipo es la que hay de fábrica de manera exclusiva.

Cuando termine la vigencia del contrato, en los cinco días hábiles posteriores la empresa deberá expedir los comprobantes de donación del equipo a favor del gobierno del estado.

Los plazos de entrega de la maquinaria

  •  29 de marzo
  •  29 de abril
  •  29 de mayo

EL ANTECEDENTE

El programa A Toda Máquina consiste en la entrega de módulos de maquinaria pesada para 121 municipios del estado. La actual administración decidió que, en lugar de comprarla, se hiciera bajo la figura del arrendamiento.

El Diario NTR Guadalajara dio a conocer que el contrato por 3 mil 634 millones 47 mil 329.90 pesos fue entregado a la empresa Operadora de Servicios Mega SA de CV, cuyo principal accionista es Guillermo Romo Romero, quien apareció acompañando al gobernador Enrique Alfaro Ramírez y a la diputada Mirza Flores Gómez en las primeras filas de un partido de los Lakers de Los Ángeles, en una gira oficial en Estados Unidos.

La empresa Mega ganó una licitación en la que sólo participó con propuesta otra empresa más, Avancap SA de CV, Sofom ER; sin embargo, este diario documentó que había coincidencias entre estas dos empresas, la más importante, que tenían a la misma representante legal, Mariel Rodríguez Printzen, quien además trabajó para las notarías del hermano y el padre del gobernador Enrique Alfaro.

Estos hechos motivaron que se abrieran investigaciones en la Contraloría del Estado y la fiscalía anticorrupción.

JJ/I