Tortura sexual a mujeres en Jalisco

Además de enfrentar el riesgo de ser asesinadas por su pareja, de ser víctimas de feminicidio, como sucedió en el reciente crimen cometido frente a Casa Jalisco, las mujeres corren el riesgo de sufrir tortura sexual si son detenidas por alguna autoridad. Hay antecedentes, datos e historias que lo confirman.

En 2017 el Inegi dio a conocer que la recurrencia en México de la violación sexual contra mujeres detenidas es aproximadamente tres veces mayor que en hombres. Desde militares hasta policías municipales han sido señalados de cometer ataques sexuales a mujeres.

El cuestionario del Inegi no fue diseñado para identificar formas de violencia sexual distintas a la violación; “aun así, los resultados son alarmantes”. La agrupación World Justice Project (WJP), a partir de los datos oficiales del Inegi, publicó gráficas sobre los porcentajes de mujeres privadas de libertad que informan que fueron violadas sexualmente.

Las gráficas de WJP muestran que en el caso de Jalisco, 10 por ciento de las mujeres detenidas señalaron que fueron violadas sexualmente por alguno de los cuerpos de seguridad. Para las mujeres es altísimo el riesgo de ser víctimas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

De lo anterior da cuenta el Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité contra la Tortura de la ONU 2012-2019, elaborado por organizaciones y redes de la sociedad civil mexicana e internacional. Lo presentaron durante el 66º período de sesiones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que abarca del 23 de abril al 17 de mayo de 2019, en Ginebra, durante el cual se abordó el séptimo examen periódico de México.

La tortura en México es generalizada e impune, “ante la falta de independencia, imparcialidad y eficacia de los y las profesionales a cargo de realizar la documentación e investigación de las denuncias”. Es común que las personas encargadas pertenezcan a una dependencia implicada, ya sea en la tortura o en el uso de pruebas ilícitas fabricadas mediante los actos denunciados. “La documentación e investigación se realizan sin observar estándares internacionales, revictimizando e incluso criminalizando a la persona que denuncia, y frecuentemente también a su familia o personas cercanas”.

La tortura como práctica sistemática en México ocurre en el marco de la procuración de justicia y la seguridad pública, de violaciones de derechos humanos a personas privadas de libertad, en las instituciones de salud y en contextos de movilidad humana y detención migratoria. En el caso de las mujeres tiene agravantes.

El informe recuerda que la Relatoría sobre tortura ha mostrado su alarma por el gran número de denuncias por tortura y malos tratos a mujeres, incluida la violencia sexual. En la mayoría de los casos no hay investigación, o bien los minimizan las autoridades, y las sobrevivientes son revictimizadas cuando denuncian o se someten a exámenes médicos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expuso en 2018 su preocupación por el aumento en la tortura sexual en México. De 2006 a 2016, de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 72 por ciento son por violación a la integridad personal en casos de mujeres.

Recientemente, en noviembre 2018, el Centro Prodh documentó 29 casos de mujeres denunciantes de tortura sexual (la mayoría detenidas entre 2012 y 2015). De las 29, sufrieron violación sexual 16; en 12 casos, más de un perpetrador intervino. El Centro Prodh ha acompañado a mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, cuando era gobernador Enrique Peña Nieto, y donde en diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano, cuyo cumplimiento total falta.

En Jalisco, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) ha tocado el tema y aparecen casos concretos en recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Urge investigar la dimensión, componentes, características, impactos y leyes sobre la tortura sexual a mujeres cometida por autoridades. Su prevención, indagación, sanción y seguimiento son acciones pendientes para combatir tan abominables agresiones.

[email protected]

JJ/I