La (In)justicia

La conclusión es tajante: ninguno de los 32 poderes judiciales del país alcanza ni la mitad de la puntuación deseada en materia de transparencia; todos resultaron reprobados en el estudio (In)justicia abierta. Ranking de opacidad judicial en México, un ejercicio que durante dos años realizó la organización Equis: Justicia para las Mujeres, a través de solicitudes de información.

Con todo y que en el sector público aprendieron a desarrollar obstáculos para la transparencia, ésta es la única vía para garantizar que los Poderes de la Unión están haciendo su trabajo adecuadamente.

Sin embargo, aquél que es el encargado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, aquél que debe ser el modelo, irónica o cínicamente, no cumple con su deber, es omiso y sin voluntad para dejar de serlo.

¿Quién juzga a quienes juzgan?, es el cuestionamiento clave en la valoración de Equis: Justicia para las Mujeres, pero también es el cuestionamiento legítimo desde hace tiempo en la sociedad mexicana.

La organización hace hincapié en que sin transparencia no hay rendición de cuentas y sin rendición de cuentas no hay garantía de acceso a la justicia.

El estudio parte de datos como éste: México ocupa el primer lugar en impunidad de América Latina. Es un país con una cifra negra de 92 por ciento de delitos no denunciados, es decir, que sólo uno de cada 10 ilícitos se lleva ante la justicia. En el caso de las mujeres, 43 de cada 100 son víctimas de algún tipo de violencia, pero sólo ocho denuncian porque lo primero que encuentran es discriminación.

Ese bajo nivel de denuncia tiene que ver con la poca eficiencia de las instituciones para investigar delitos y administrar justicia, pero también con la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración e impartición de justicia.

El ranking de opacidad judicial sustenta tal desconfianza al señalar, por ejemplo, que jueces emiten resoluciones que nunca se publican y, por lo tanto, no pueden ser monitoreadas fuera del propio Poder Judicial. Lo más grave del asunto es que se trata de sentencias a menudo injustas, con graves discriminaciones y prejuicios de género y de etnia, sentencias que omiten proteger a quien corre riesgo, que no reparan el daño e, incluso, pueden no contemplar lo necesario para que la sentencia se cumpla adecuadamente.

También destaca que todo el funcionamiento del Poder Judicial en México es un camino abierto a la discriminación, a la violencia, a la arbitrariedad, a la corrupción y al abuso de poder.

Pese a todo eso, nadie fiscaliza que esté haciendo realmente su trabajo y garantizando el acceso a la justicia a toda la ciudadanía. El Poder Judicial está cobijado por la impunidad y el resultado de tan mala práctica no puede ser otro más que un sistema injusto, con el que la ciudadanía no conoce sus derechos ni los mecanismos o procesos para hacerlos exigibles. Un poder al que la ciudadanía más que tenerle respeto, le tiene temor por constantes y sonados casos de injusticias.

Equis: Justicia para las Mujeres describe así su aspiración: la justicia abierta, con transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en su impartición. En otras palabras, se trata de realizar un ejercicio democrático de participación ciudadana en y con los poderes judiciales locales. Un ejercicio que permitiría evaluar y monitorear los procesos judiciales, evitar actos de corrupción, detectar problemas y mejorar el sistema para garantizar el acceso a la justicia.

Esa aspiración debe ser la de todos porque si al Poder Judicial le acompaña tan mala reputación, ¿quién garantiza el derecho a la justicia? Si el Poder Judicial es un camino abierto a la injusticia, ¿en manos de quién quedamos?

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JJ/I