Un nuevo Poder Judicial, pero en consenso

Aunque no es la única razón de la desconfianza de los ciudadanos hacia el Poder Judicial, derivada de la corrupción, el procedimiento que se sigue para nombrar a jueces y magistrados es un factor determinante. Detrás de las asignaciones de los espacios para administrar justicia, hay relaciones de amistad, intereses políticos y económicos, y nepotismo.

La reforma para cambiar esas reglas es, por lo tanto, indispensable. Por ello los términos en los que se den esos cambios son muy importantes y deben despojarse de cualquier intento de injerencia política. Pero no es lo único, pues también será necesario el consenso, para que esas modificaciones legales no terminen en un pleito en tribunales.

En la primera versión que se había filtrado de la iniciativa que enviaría el gobernador Enrique Alfaro al Congreso del Estado, aparecía la intervención del titular del Poder Ejecutivo en uno de los pasos del proceso: la definición de las ternas, una vez que se cumplieran todos los requisitos por parte de los aspirantes, para que los diputados elijan.

En la propuesta definitiva que ayer dio a conocer el mandatario, ese paso no aparece, lo que sin duda es una buena señal de la voluntad de terminar con el manoseo político en los nombramientos de magistrados.

La iniciativa también incluye requisitos que pueden ser definitivos para garantizar que lleguen mejores perfiles, como exámenes sobre la tarea que quieren desempeñar y la participación de la sociedad civil organizada. Hay otro requisito que ya empezó a generar polémica, el de los exámenes de control y confianza, el cual podría ser el punto a negociar.

De inicio, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Ricardo Suro, declaró que no están de acuerdo con los exámenes de control y confianza, porque consideran que se rompe la división constitucional de poderes. Incluso, recordó que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en otros casos en contra de esa medida.

En la anterior reforma integral al Poder Judicial, en 1997, hubo un cambio importante en lo que se refiere al encargo de jueces y magistrados, al establecer plazos fijos para cumplir con esas funciones y eliminar la inamovilidad que se adquiría con una ratificación.

Lo que vino después fue un conflicto en tribunales, bajo el argumento que se aplicaba de manera retroactiva la reforma. Los magistrados que fueron a juicio conservaron la inamovilidad e incluso los primeros que fueron removidos ganaron amparos que después costaron millonarias indemnizaciones y, por supuesto, la reinstalación.

Otro argumento legal que ha jugado a favor de los magistrados es la fundamentación de las decisiones que se toman para no ratificarlos, para removerlos o para nombrarlos. La justicia federal casi siempre resuelve a favor de los integrantes de los poderes judiciales en los estados cuando éstos van a juicios.

Es por ello que la construcción de una reforma para la designación de jueces y magistrados debe surgir del consenso con los directamente afectados: quienes laboran en el Poder Judicial. De los contrario, nuevamente vendrán las disputas en tribunales federales.

Seguramente este tema fue abordado por el gobernador en la visita que hizo a la SCJN, y es muy probable que la iniciativa que dio a conocer haya sido ya revisada de manera informal por los ministros.

La corrupción en el Poder Judicial existe, pero no es el único espacio en donde se cocina la impunidad que lleva a la violencia y al deterioro de las instituciones de seguridad y justicia. Los cambios son urgentes, pero tendrán que ser con pasos firmes que no enreden más la vida del estado.

[email protected]

da/i