Ley Estatal sobre Desaparición Forzada

A principios de abril se realizó en el Congreso del Estado de Jalisco una mesa de consulta sobre la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Se convocó a autoridades de los tres poderes de gobierno, académicos, asociaciones civiles y familiares de personas desaparecidas.

Al iniciar la mesa, el colectivo "Por Amor a Ellxs" leyó un comunicado en el sentido de que no era posible realizar una legislación de esa naturaleza sin incluir a las familias en el proceso, que era necesario establecer mecanismos más amplios de trabajo conjunto que permitan poner a las víctimas en el centro de la legislación que se discutirá.

Tuve la oportunidad de participar en la Mesa junto a la Dra. Berenice Vázquez, de la UdeG, y en nuestras observaciones anotamos la necesidad de que las voces de los familiares de las víctimas sean escuchadas, así como de especialistas y académicos; que el  diálogo debe abrirse a las diversas regiones de Jalisco, pudiendo establecerse foros de escucha para conocer la situación y necesidades particulares, y que en los foros de escucha también se deben considerar y atender las demandas de familiares de desaparecidos durante el periodo de la llamada “guerra sucia”.

La legislación local debe retomar una serie de recomendaciones de organismos internacionales aplicables a Jalisco como son  el derecho inalienable a la verdad; el deber de recordar; el derecho de las víctimas a saber, juzgar y condenar; garantizar a las víctimas la reparación del daño y tomar todas las medidas necesarias para evitar que los hechos se repitan; crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida con la participación de los familiares de las víctimas; fortalecer la figura de la coadyuvancia,  entre otros.

Para las acciones de búsqueda se recomienda no separar la investigación de los procesos de búsqueda, contar con expertos, pudiendo solicitar apoyo a instancias internacionales, lo que permite transferir experiencias y conocimientos; responder a las inquietudes de los familiares y evitar que los tengan que pasar de investigador en investigador.

En la iniciativa de Ley de Jalisco no existe un capítulo sobre derechos de las víctimas, tampoco se contempla la figura de declaración de ausencia, ni se abordarán los principios que deben regir el marco legislativo. La legislación Federal señala como principios: efectividad y exhaustividad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez, perspectiva de género, presunción de vida y verdad, entre otros. Necesariamente deben ser incluidos en la futura legislación local.

La iniciativa de Jalisco no contempla un área de atención psicosocial, entendida ésta como el proceso de acompañamiento individual, familiar o comunitario orientado a hacer frente a las consecuencias del impacto traumático de las violaciones de derechos humanos y a promover el bienestar, apoyo emocional y social a las víctimas; la dimensión psicosocial no tiene solo en cuenta al individuo, sino la dimensión familiar y la reconstrucción de redes sociales de apoyo, que se han destruido muchas veces como consecuencia de las violaciones .

También faltan en la legislación estatal propuestas para medidas de reparación integral, ayuda, asistencia y atención.

El cuerpo de la actual iniciativa no responde a la necesidad de situar a la víctima y la perspectiva de derechos humanos como centro de la legislación. Hay demasiadas ausencias que deben subsanarse y sobre todo desarrollar el proceso legislativo con la participación de las familias. A un mes de esa Mesa de Diálogo aún no se ha emitido convocatoria por parte de la comisión responsable en el Congreso para discutir la legislación en un proceso de consulta incluyente y abierto; esperemos que sí suceda, de lo contrario tendremos una ley muy limitada para las dimensiones de un problema tan complejo.

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