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En cinco ocasiones una de las empresas de tecnología digital con mayor inversión en Jalisco ha intentado denunciar el robo de mercancía del que fue objeto, valuado en 400 mil dólares (más de 7.6 millones de pesos), sin que la Fiscalía Estatal haya aceptado siquiera recibir el escrito. Tampoco tuvieron respuesta a las cuatro peticiones que hicieron para ser recibidos por el fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez.
Esta situación los ha dejado en una especie de limbo jurídico, denunció el representante legal Sergio Oswaldo Ortega Altamirano, porque la Fiscalía General de la República (FGR) declinó conocer de este caso y remitió la carpeta de investigación a las autoridades locales.
El robo ocurrió el 8 de marzo pasado en el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, aparentemente en la zona de aduana, donde fueron extraídas las cajas con equipo de alta gama para almacenamiento de información, que debía ser llevado a la planta de la empresa transnacional, ubicada en el municipio de El Salto.
Los hechos fueron denunciados ante la FGR, que el 12 de abril pasado declinó conocer del caso “en razón de fuero, toda vez que por dicho concepto la autoridad competente resulta ser el agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Jalisco”, según consta en documentos de los que El Diario NTR Guadalajara tiene copia. En ese mismo escrito, dirigido al fiscal de la entidad, se informa que se remite “original de la carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0001179/2019, a efecto de que continúe conociendo de los hechos que dieron inicio a la referida indagatoria y, en su oportunidad, resuelva sobre su contenido conforme a derecho”.
La negativa de la fiscalía ya fue informada al gobernador Enrique Alfaro Ramírez; al secretario general, Enrique Ibarra Pedroza; a la delegación estatal de la FGR y se espera que esta semana se entregue también en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en Jalisco.
Ortega Altamirano relató que el mismo 12 de abril, personal de la FGR intentó entregar el oficio de declinación y la carpeta de investigación en la Fiscalía Estatal, sin tener éxito. Lo mismo sucedió en las cuatro ocasiones posteriores que se buscó entregar los documentos.
En el escrito entregado a las diferentes autoridades, del que este diario tiene una copia, se menciona que se buscó al fiscal para entregar toda la información que ha recabado la empresa por su cuenta, con la cual se puede acreditar el robo e identificar a los participantes. Estas pruebas, se señala, corren el riesgo “de que por el transcurso del tiempo se borren o pierdan, generando impunidad en un asunto que tiene responsables identificables y localizables”.
Agregan que “el servidor que se encarga de la Oficialía de Partes del fiscal estatal se limita a decir que no puede recibir nada que remita la Fiscalía General de la República, ya que son instrucciones de la maestra Elizabeth Canales, en su carácter de secretaria particular del fiscal estatal y del mismo fiscal Gerardo Octavio Solís”.
La actitud de los funcionarios, menciona el texto, podría ser un delito “como consecuencia del incumplimiento de su labor”. Por ello, también se pide que este tema sea informado al titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, para que “inicie carpeta y dé trámite a las investigaciones conducentes por el ilegal e indebido actuar de servidores públicos”.
De 2017 a la fecha, después de 12 años de no ser víctimas de robo, empresas de tecnología instaladas en El Salto han sufrido por este delito pérdidas que rebasan los 12 millones de dólares (unos 230 millones de pesos). En el caso de esta empresa, el primer robo se registró en noviembre de 2017, seguido de dos más en febrero y septiembre de 2018.
Lo anterior los llevó a modificar sus protocolos de seguridad, con lo cual terminaron con este delito. Sin embargo, en noviembre del año pasado volvieron a ser víctimas, con la sustracción de equipo con un valor de 1.2 millones de dólares (casi 23 millones de pesos) en el mismo aeropuerto, aparentemente en la zona de aduanas; este caso sí fue recibido por la fiscalía local.
Oswaldo Ortega lamentó que esta situación se presente, pues ya hay una alerta de retiro de algunas empresas de tecnología ante el aumento de la inseguridad en el estado.
El hurto ocurrió el 8 de marzo pasado en el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, aparentemente en la zona de aduana
Los hechos fueron denunciados ante la FGR, que el 12 de abril pasado declinó conocer del caso; ese mismo día, personal de la FGR intentó entregar el oficio de declinación y la carpeta de investigación en la Fiscalía Estatal, sin tener éxito. Lo mismo sucedió en las cuatro ocasiones posteriores que se buscó entregar los documentos
12 años llevaban de no ser víctimas de robo, hasta 2017
230 millones de pesos son las pérdidas por estos hurtos a empresas de tecnología instaladas en El Salto
EH/I