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El Estado frente a la violencia desbordada

El incremento de los casos y las formas en que la violencia cobra víctimas en México, en Jalisco y en nuestra Área Metropolitana de Guadalajara nos llena de impotencia y necesidad de entender lo que sucede. Una sociedad enojada y un gobierno rebasado por la extensión y tamaño de los problemas relacionados a la violación sistemática de los derechos humanos, violencia contra las mujeres, feminicidios, desapariciones, fosas que aglutinan cadáveres como espejo de un horror enterrado, enfrentamientos con armas de fuego, ejecuciones y muertes que tienen un rostro doliente de mujeres, jóvenes, niños en los primeros lugares, pero no en exclusividad.

El entramado de fondo está compuesto por muchos factores, todos acumulados en el tiempo, como pequeñas dosis de violencia que llenaron el vaso hasta derramar sangre. Si bien las múltiples desigualdades sociales son las violencias estructurales de origen que han propiciado condiciones de exclusión total o relativa, en donde por voluntad propia o reclutada se han formado contingentes de soldados entrenados para arrebatar lo que se pueda, hasta vidas, como modo de vida que termina por convertirse en ruta de muerte.

Con la misma diversidad y profundidad de las raíces del problema, el Estado necesita reaccionar; por una parte, fortalecer su brazo social con políticas universales, servicios de calidad, sin esa brecha que se ha abierto entre lo público y lo privado, así como una presencia más fuerte y reguladora que reduzca las brechas salariales y procure una protección social a la altura de las necesidades de la población. Trascender el discurso de la equidad de oportunidades y apostar por la equidad de condiciones y resultados, pues la primera sólo legitima las narrativas de la meritocracia y termina por engañar con la idea del talento y esfuerzo individual, mientras culpabiliza a quienes padecen la pobreza en vez de reconocer que las oportunidades sólo pueden aprovecharse cuando son ofrecidas en condiciones similares y que sin importar el lugar que se pueda ocupar en el mercado de trabajo, se garanticen niveles de bienestar justos.

Estudios realizados en el AMG a través de encuestas en 2016 y recientemente otro en el norte del país a través de encuestas en hogares, primarias, secundarias y preparatorias para medir factores de riesgo y protección de la violencia, arrojan datos que permiten inferir otro eje de intervención estatal urgente de implementar: la inclusión, en los programas curriculares desde etapas tempranas de educación escolar, de contenidos dirigidos a la formación de habilidades para relacionarnos mejor en un marco de respeto a los derechos propios y ajenos.

Cuando uno observa los datos que arrojan las encuestas es posible identificar las malas prácticas en hogares, escuelas, lugares de trabajo y la comunidad para comunicarnos, tolerar diferencias, compartir, discutir y tratar de resolver problemas que afectan a todos. Ofensas, golpes, groserías, burlas, abusos de confianza, transgresiones sexuales, discriminaciones, falta de respeto por la propiedad ajena están presentes, ya sea como receptores, generadores o testigos de acciones que dañan en distintos grados. Como madres, padres, hijas(os), vecinas(os), profesoras(es) no se dispone de una formación promovida desde la institucionalidad del Estado para una convivencia y resolución pacífica de conflictos, en donde se promuevan actitudes corresponsables y se activen mecanismos de solidaridad, se visibilice que la violencia intrafamiliar no es un problema privado, sino público, en donde todas(os) podemos contribuir para prevenirla.

El Estado tiene mucho qué hacer en esta ruta de formación de una ciudadanía que rechace la violencia y la sancione socialmente, desde sus síntomas más pequeños, a la par de los caminos jurídicos para erradicarla en sus manifestaciones más graves y en donde la perspectiva de género tiene que ser el hilo conductor.

Profesora titular de asignatura ITESO y directora asociada de Demoskópica México

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