Ejecutivo: controlar al Judicial

En los corrillos judiciales y legislativos se escucha un reclamo o reproche al gobernador Enrique Alfaro Ramírez ante su iniciativa de reforma al Poder Judicial que para no pocos, incluyendo diputados de su propio partido Movimiento Ciudadano, contiene errores garrafales y claras evidencias de intromisión en la autonomía de otro poder.

Esas voces cuestionan la intensión del mandatario estatal de poner orden en el Poder Judicial y presuntamente acabar con la corrupción que ahí impera, cuando tiene en su equipo de colaboradores cercanos a quienes tienen fuertes intereses en el ámbito jurídico del estado y que llevan a sospechar con fundamento que su iniciativa no es más que un instrumento para irse apoderando poco a poco de los espacios en este ámbito.

Por ejemplo, para nadie es desconocido que el consejero de la Judicatura Eduardo Moel Modiano es la cuota partidista que en este órgano le correspondió al partido Movimiento Ciudadano. Sin embargo, resulta que Moel Modiano es socio –por el momento retirado– de la firma de abogados Lazo, Villa, Moel y García, SC, de la que forma parte Rodrigo Lazo Corvera, aspirante a la Fiscalía Estatal, de quien se dice fue impulsado por un sector del alfarismo, pero desanimado por otro grupo de amigos que le advirtieron de lo desventajoso del cargo para él. En el terreno de los litigantes es conocida la relación cercanísima que existe entre este despacho y la notaria de David Alfaro Ramírez, hermano del gobernador.

Por otro lado, Alfaro Ramírez designó como titular de la Consejería Jurídica de la Secretaría General de Gobierno –cuyo titular es Enrique Ibarra Pedroza– al ex presidente del Colegio de Notarios Adrián Talamantes, mientras que al frente del Colegio de Notarios quedó Fernando Gallo, cuñado del secretario general de Gobierno, Ibarra Pedroza. Esa relación bastante estrecha entre el anterior y el actual presidente de los notarios con la estructura del primer círculo del Ejecutivo genera suspicacias en este ámbito.

Advierten que, sin desconocer que el Poder Judicial necesita una fuerte sacudida, el objetivo del mandatario estatal con esta guerra encarnizada en su contra es lograr quedarse, mínimo, con la mitad más uno de los magistrados para tener mayoría y lograr el control absoluto en la segunda mitad de su gobierno, lo que algunos creen que podría lograr con la complicidad del actual presidente Ricardo Suro Estévez, quien mantiene una postura complaciente con el Ejecutivo. Los propios magistrados de línea dura así lo han advertido y manifestado en corto.

Y es que también mientras algunos magistrados ya fijaron a diputados de la Comisión de Seguridad y Justicia su postura contraria a la iniciativa del gobernador Alfaro tal y como la presentó, particularmente su oposición a las pruebas de control y confianza, Suro Estévez declaró a los medios de comunicación en sentido contrario, de que están dispuestos a someterse a dichos exámenes siempre y cuando no sean aplicados por el Ejecutivo. Los magistrados opositores ya señalaron que cualquier examen debe aplicarse a los aspirantes antes de ser designados y no después.

En este marco en el que el Ejecutivo se lanza en contra de jueces y magistrados cuando en su equipo de trabajo mantiene toda una red de funcionarios con intereses en la litigada, muchos cuestionamientos ha levantado el hecho de que la firma de abogados litigantes Rincón Mayorga Román haya organizado el foro Jalisco rumbo a una nueva Constitución, obteniendo una inusitada publicidad gratuita en un recinto oficial, y que haya utilizado el logotipo del Congreso del Estado y tenido como sede el ex recinto del Congreso estatal en palacio de gobierno.

Sospechan que en este foro hay gato encerrado, del que le comentaremos más adelante.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

EH/I