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El reparto de la Guardia Nacional

Dentro de cinco semanas estará ya en funciones la Guardia Nacional en gran parte de los territorios previstos como regiones prioritarias. A Jalisco corresponden 15 de esas coordinaciones territoriales.

Según las nuevas leyes votadas y aprobadas ya en el Senado y en la Cámara de Diputados, el gobierno federal deberá suscribir convenios de colaboración con cada uno de los gobiernos estatales y municipales en que haya de intervenir el nuevo cuerpo de seguridad.

Sólo falta la promulgación de las nuevas leyes secundarias para terminar de dar sustento legal a esta megacorporación policial, lo que podría ocurrir hoy o en los días inmediatos, dada la premura del Ejecutivo federal para llevar adelante su voluntad transformadora.

Todavía no sabemos hasta dónde tendrá injerencia en esta entidad la nueva Guardia, pues no se han dado a conocer los acuerdos específicos con las Policías estatales y municipales.

Pese al amable distanciamiento que ha habido entre el presidente López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro a raíz del caso Lomelí, el tema de la seguridad es uno en que no podrán anteponer sus egos políticos, a riesgo de que la criminalidad y la percepción de inseguridad sigan creciendo. Es por ello que la entrada de las nuevas fuerzas federales tendrá poca resistencia institucional, a reserva del recelo con que sean recibidas por policías locales y de los problemas específicos de integración.

La Guardia Nacional viene con todo. Conjunta en sí una serie de atribuciones de seguridad desde lo preventivo, como realizar detenciones por faltas administrativas, hasta labores de inteligencia y espionaje, habilitada para realizar investigaciones que anteriormente competerían exclusivamente a las Policías investigadoras e incluso para intervenir comunicaciones solicitándolo a un juez.

El presidente había prometido que iniciaría con 150 regiones de las 266 prioritarias para atender aquellas zonas con mayor incidencia criminal, ocho de las cuales están en Jalisco. Si la Guardia inicia el 30 de junio, como ha prometido recientemente, esperaríamos un despliegue considerable de uniformados en ese momento para suplir en alguna medida el déficit de aproximadamente 15 mil policías que existe en la entidad.

Lo que en este momento están realizando las Bases de Operaciones Interinstitucionales, que empezaron a funcionar en marzo, sería reemplazado por algún otro esquema a partir de la nueva Guardia y su convenio con los gobiernos locales.

No sería el mismo modo de operar de columnas lideradas por las Fuerzas Armadas, ya que se espera un mayor estado de fuerza que les permitiría también mayor margen de maniobra. Es posible que incluso se repartan atribuciones en tanto la nueva corporación da sus primeros pasos.

Un aspecto que preocupaba enormemente a investigadores y organizaciones civiles eran los probables excesos que cometerían los miembros de las Fuerzas Armadas incorporados a la Guardia Nacional. La Ley Nacional del Registro de detenciones parece atender ese tema, aunque no de manera concluyente. Aunque establece los principios de cómo se ha de registrar la detención desde el principio, deja abierto que las instituciones de seguridad “procuren” tener geolocalización de los vehículos, por ejemplo.

La Ley Nacional del Uso de la Fuerza es un avance significativo en la regulación de los medios de intervención de un agente de seguridad pública ante un sospechoso, ya que no existía legislación al respecto y sólo algunas policías se basaban en los principios de la Policía Federal.

También será de gran utilidad el nuevo Sistema Nacional de Información en Seguridad Nacional para consolidar en las bases de datos criminalísticos y de seguridad locales en una sola para todo el país.

@levario_j

jj/i