Judicial: ¿pasará la reforma?

Contra lo que declaran en público, los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen en sus manos a su par del Judicial, cuyo futuro no sólo depende de los acuerdos a que lleguen aquéllos, sino a los tiempos de quienes los encabezan. Y lo peor, al humor con que amanecen. Un día quieren ser quienes decidan sobre la vida de jueces y magistrados y al otro día les dan una palmadita en la espalda y asumen una actitud de perdona vidas.

El coordinador de la bancada legislativa de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, traía –¿o trae?– prisa por que la reforma al Poder Judicial salga lo más pronto posible, y si es esta semana, mejor, porque se asegura que ya tiene en agenda un viaje al extranjero el viernes. Y para ello se convocó a una sesión del pleno el jueves. Sin embargo, las que no han sesionado son las dos comisiones involucradas en el análisis, discusión y elaboración del dictamen sobre dicha reforma, que son la de Seguridad y Justicia, que encabeza el perredista Enrique Velázquez, y de Puntos Constitucionales, que preside la panista Claudia Murguía.

¿La razón? No hay acuerdos políticos para sacar adelante la reforma al Poder Judicial. Y no los hay porque estos se concretan en Casa Jalisco y su inquilino, el gobernador Enrique Alfaro, está en una gira de trabajo por la zona norte del estado que concluye el miércoles, y será ese día por la noche cuando esté de regreso en Guadalajara.

¿Y no hay con quién negociar mientras tanto? Se asegura que no, porque quien debería de ser el conducto para esa tarea, el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, no puede tomar decisiones en este tema que se creía era de vital importancia para el Ejecutivo, pero que al parecer ya le bajó de intensidad.

Por lo pronto, entre lo planteado en las mesas de diálogo que durante dos días celebró el Congreso con la participación de jueces y representantes de otros sectores del estado, y los encuentros en corto entre diputados y magistrados, se tiene un proyecto de reforma que dista mucho de lo que inicialmente planteó el Ejecutivo.

Por ejemplo, en la temporalidad en el cargo de magistrados se planteó que sea un período inicial de siete años y una ratificación por otros siete, para 14 en total. Sin embargo, la propuesta que parece quedará es la de la bancada de MC: un primer período de siete años con probabilidades de ratificación por otros cinco; 12 en total.

Respecto al haber de retiro, quedaría como está estipulado en la ley, mientras que el polémico examen de control y confianza la propuesta es que el Congreso elija un ente acreditado que lo aplique e incluso podría ser el propio Consejo de la Judicatura, siempre y cuando sea certificado por un órgano externo. Sin embargo, esta prueba se aplicaría al principio y luego cuando se someta a la ratificación.

Asimismo, se buscaría aplicar evaluaciones permanentes por parte del Consejo de la Judicatura, y particularmente cuando se haya cumplido el primer período y se aspire a la ratificación. Igualmente se analizará la posibilidad de que las sentencias sean públicas.

Otro punto interesante en las propuestas que están en espera del visto bueno es que en caso de que ninguno de los aspirantes aprobados alcance la votación favorable de las dos terceras parte de los diputados, se elija mediante la insaculación en la que no sólo participarían los tres aspirantes mejor evaluados, sino todos los aprobados.

Éste es una esbozo de lo que hasta el momento hay sobre la mesa en torno a la reforma al Poder Judicial, pero con posibilidades de ser modificado incluso después de la primera lectura, lo que sucederá cuando el Ejecutivo y Legislativo tengan tiempo.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I