Casi emblemático

El caso de Emilio Lozoya Austin podría ser emblemático en el combate contra la corrupción, que es la bandera del gobierno federal.

Sin embargo, hay muchas dudas rondando en torno a la persecución del ex director de Pemex. La primera es por una muy perceptible desarticulación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, y la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero.

El primero insiste en mezclar el caso de los sobornos de Odebrecht y el segundo aclara que la orden de aprehensión girada es por el quebranto a la empresa petrolera del Estado con la compra de Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México a pesar de que era casi chatarra, pero se pagó un sobreprecio.

Nieto asegura que el congelamiento de las cuentas de Altos Hornos y de Lozoya Austin fue porque detectaron transferencias presuntamente ilícitas de una empresa de Odebrecht y Altos Hornos de México, vinculadas con el ex director de Pemex.

Detalla que son 13 las cuentas bancarias relacionadas con el caso Odebrecht que se encuentran congeladas, entre ellas las de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, y las de Lozoya Austin.

Además de que parece que un funcionario estira hacia un lado y el otro al contrario, la aclaración de Gertz Manero lleva entonces a otro cuestionamiento: si se comprobó que Odebrecht también pagó sobornos y se ha involucrado con ellos al ex director de Pemex, ¿por qué, mientras otros países siguen castigando con la cárcel por este delito, en México se le persigue por otro expediente y se deja de lado una investigación supuestamente ya consolidada?

Otro embrollo es el debido proceso. Gertz Manero sostiene que en la FGR no se ha violentado, pero habla de que hay funcionarios que han estado haciendo declaraciones y sí podrían haber incurrido en violaciones a la ley.

Casualmente el único funcionario que ha estado en los medios es el titular del UIF, pero dice que como su unidad interpuso la denuncia está facultado para hacerlo.

Tanto el vocero de Altos Hornos como el abogado de Lozoya Austin señalan que primero se hizo público el caso antes de que se les notificara que había una investigación en su contra.

Javier Coello destaca que ni él ni Lozoya Austin fueron citados cuando se inició la carpeta de investigación, por lo que no tiene conocimiento de qué se le acusa.

Desde su punto de vista, la FGR y la UIF violaron el debido proceso al omitir notificar a Lozoya sobre las acusaciones en su contra, la orden de aprehensión, el congelamiento de cuentas y los cateos a su domicilio.

El abogado anticipa que aunque el gobierno tenga sus razones para no notificar como debió haber sido y no citar, no dejan de ser violaciones a la ley y por eso se recurrió a un amparo contra la aprehensión.

Además de que Coello parece tener como objetivo demostrar la violación al debido proceso, mientras llegan las audiencias su mensaje fue muy claro: su cliente no será el único en el proceso. En todo caso, la defensa pediría citar también a Enrique Peña Nieto porque, según dice, no se movía una hoja si no era por instrucciones de él y muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el presidente las ordenó.

El caso, pues, si no se les cae, podría ser emblemático de la lucha anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador, aunque seguirá la duda de lo que pasará con el resto de la trama oscura que rodea a ambos ex funcionarios.

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JJ/I