Servicio público anticorrupción

Un chiste, que ya tiene varios años, refiere que un mafioso necesitaba contratar a un contador, así que realizó una convocatoria y empezó a examinar uno por uno a los aspirantes. En la entrevista les preguntaba, “¿cuánto suman dos más dos?”. Si el aspirante respondía “cuatro”, lo rechazaba y hacía pasar al siguiente. Así fue desechando aspirantes, hasta que uno, al oír la pregunta, bajando la voz y acercándose al mafioso le preguntó: “¿cuánto quiere que sumen?”. Con eso consiguió el contrato.

Ese chiste pone en evidencia que ni siquiera los contadores pueden dar los resultados adecuados cuando obtener y conservar su empleo depende del humor de su jefe.

Este fenómeno no es nuevo y se da en todos los ámbitos, pero en algunos, como el gubernamental, el resultado puede ser más grave. Y ahí lo más común es que el funcionario electo despida a todo el personal contratado por quien le antecedió y contrate a la gente de su confianza, incluso si no es la más calificada. No está de más hacer notar que esa manera de proceder es la raíz de buena parte de la ineficiencia y corrupción que padecemos.

Justamente, para propiciar un desempeño óptimo y una mayor integridad de parte del personal servicio público, desde hace varios años en otros países se cuenta con un servicio profesional de carrera, que permite elegir mediante un concurso de oposición a las mejores personas para ocupar un puesto, pero sin asegurarles del todo la permanencia, porque periódicamente se somete a concurso el mismo puesto, además de que se cuenta con mecanismos de evaluación del desempeño, diseñados en función de lo que requiere el puesto.

Esos sistemas meritocráticos les dan libertad a los funcionarios para que actúen conforme a la objetividad profesional, ocupándose en dar buenos resultados a la población y desentendiéndose de presiones ilegítimas que traten de afectar el sentido de sus reportes.

Siendo así, llama la atención que en las instancias que combaten la corrupción no se cuente con un servicio profesional de carrera, de manera que, por ejemplo, el encargado de un órgano interno de control municipal puede ser elegido a través de un procedimiento muy riguroso, pero el personal a su cargo puede ser designado directamente por el presidente municipal. Lo mismo puede ocurrir en el Congreso, en el que se acaba de aprobar la contratación de más personal para agilizar la revisión de las cuentas públicas, pero no es claro que la contratación de dicho personal se vaya a realizar a partir de criterios que pongan el mérito personal por encima de la amistad o la lealtad.

En conclusión, me parece que ahora que se está discutiendo la segunda versión de la ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, habría que incluir la necesidad de que el personal que labora en las instancias encargadas de propiciar la integridad pública y detectar y denunciar o perseguir los actos de corrupción, se contrate mediante esquemas de concurso público, que premien el mérito y disminuyan la arbitrariedad en su selección, capacitación, evaluación y permanencia en el puesto.

Y habría que atender dos recomendaciones de José Luis Méndez, investigador de El Colegio de México. La primera es que las organizaciones ciudadanas supervisen la puesta en marcha de sistemas de reclutamiento meritocráticos para que inhiban el padrinazgo. La segunda es que se desarrollen inicialmente las características básicas del servicio profesional (acceso por mérito, capacitación y sanciones básicas), y ya que se consoliden, implementar la planeación, enfoque de desempeño e incentivos basados en el mismo, en ese orden.

[email protected]

@albayardo

JJ/I