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Las proyecciones de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados (Comar) indican que 2019 podría cerrar con cerca de 60 mil solicitudes de asilo por parte de migrantes que huyen de condiciones de violencia directa o estructural y precarización de las condiciones de vida en sus países de origen, a los que se suman alrededor de 150 mil personas que mantienen procesos abiertos en ese sentido.
Luis Enrique González Araiza, profesor del Departamento de Estudios Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), expuso que las personas procedentes de Honduras, El Salvador, Venezuela, Cuba y Guatemala, encabezan la lista de solicitantes.
Del total, se calcula que alrededor de 300 personas esperan en Jalisco una respuesta que, aunque legalmente tendría que darse en un plazo máximo de 90 días hábiles, suele extenderse hasta por periodos de dos años, lapso en el que los migrantes que buscan permanecer en el país viven en un limbo legal que no les permite el acceso a derechos básicos como salud, educación y vivienda.
Ante ese panorama y con el endurecimiento de políticas migratorias por parte del gobierno federal como contexto, académicos y organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a las autoridades y a la población jalisciense a propiciar la inclusión de los solicitantes de asilo en espacios educativos y laborales como parte de un trato que garantice el respeto a sus derechos humanos.
“Propondríamos favorecer espacios para que las personas migrantes, refugiadas y sus familiares puedan acceder a la educación, así como crear mecanismos de certificación y validación de estudios (…) impulsar modificaciones al Reglamento del Registro Civil sobre la certificación de la apostilla; reconocer la validación de documentos migratorios como las tarjetas de residencia temporal, permanente y de estancia por razones humanitarias a fin de que la población migrante y refugiada pueda ejercer libremente sus derechos”, indicó María José Lazcano Vázquez Mellado, coordinadora de Vinculación de la organización FM4 Paso Libre.
NO ES UNA INVASIÓN
González Araiza expuso dos motivos que desarman los discursos que sostienen que la llegada de refugiados a México constituye una invasión: en principio, dijo, la recepción de solicitantes obedece a tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, lo que supone la plena legalidad del proceso; en segundo término, detalló, el número de solicitudes concedidas en el país resulta insignificante al compararse con el panorama mundial y continental.
“Turquía es la nación que más refugiados acoge, con 3.7 millones; seguido de Pakistán, con 1.4 millones; Uganda, con 1.2 millones; Sudán del Sur, 1.1 millones, y Alemania, con 1.1 millones. En el continente americano, Estados Unidos es el país que más acoge, con 254 mil 300 personas, seguido de Perú, con 192 mil 500”, detalló.
Entre 2013 y 2018, México otorgó el estatus de refugiado a 20 mil 371 personas, una mínima cantidad de los migrantes en tránsito por el país. De esta cifra se desprende una discriminación institucional por motivo del país de origen, pues mientras 99 por ciento de los solicitantes venezolanos obtienen una respuesta favorable, en el caso de las personas originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras, la cifra disminuye a entre 30 y 40 por ciento.
“Propondríamos favorecer espacios para que las personas migrantes, refugiadas y sus familiares puedan acceder a la educación, así como crear mecanismos de certificación y validación de estudios” María José Lazcano Vázquez Mellado, coordinadora de Vinculación de FM4 Paso Libre
“Propondríamos favorecer espacios para que las personas migrantes, refugiadas y sus familiares puedan acceder a la educación, así como crear mecanismos de certificación y validación de estudios”
María José Lazcano Vázquez Mellado, coordinadora de Vinculación de FM4 Paso Libre
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