Ley contra tortura, con pocos avances

A dos años de la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tanto a nivel nacional como a escala estatal existen muy pocos avances en su implementación, lo que ha derivado en que esta práctica se presente de manera generalizada. Esta fue la conclusión a la que llegaron académicos y activistas al participar en un foro sobre el tema organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Para Volga Depina, coordinadora de la maestría en Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México, una de las principales carencias que prevalecen es la inexistencia de cifras concretas sobre la incidencia de tortura en México y Jalisco.

En el estado, expuso, se calcula la existencia de más de 300 carpetas de investigación por dicho delito, pero este registro incipiente no está directamente relacionado con la publicación de la ley general, sino por el error en que incurrieron los legisladores locales al estipular que todos los delitos cometidos por servidores públicos serían competencia de la fiscalía anticorrupción

Además de la inexistencia de registros, agregó, se requiere un nuevo protocolo homologado para la investigación del delito.

Por su parte, Chasel Colorado Piña, especialista en derechos humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, consideró que la falta de claridad en los presupuestos asignados a las fiscalías o unidades especializadas para la investigación del delito es otra traba que no contribuye a la erradicación del fenómeno.

“Por el momento, los avances a nivel nacional y local todavía son bastante endebles para poder hablar de una implementación real de la ley general (…) Aunque alrededor de 21 estados tienen ya creadas las unidades o las fiscalías (especializadas en la investigación del delito), éstas no cuentan con presupuesto (…) Si seguimos creando este tipo de instituciones, pero sin presupuesto, sin personal y sin especialización, al final se trata una especie de simulación, pues no se está haciendo nada para que esto se traduzca en justicia para los sobrevivientes”, lamentó.

Jorge Alejandro Góngora, encargado de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, expuso que, en coordinación con el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se detectaron cuatro factores de riesgo para la comisión de actos de tortura por parte de los agentes de la Fiscalía Estatal, mismos que, dijo, ya fueron subsanados.

“Se trata de mejorar en infraestructura de la zona Norte del estado y de Lagos de Moreno para que las personas que estuvieran privadas de su libertad bajo actos de investigación tuvieran las condiciones necesarias para cuidar (su) integridad y su dignidad; también está prácticamente terminada una guía para las personas que se encuentran en detención por parte de la Fiscalía del Estado. Hemos también avanzado en un plan de trabajo para la unidad y hemos avanzado en la capacitación a servidores públicos”, expuso.

Actualmente, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) tiene más de mil 200 peritajes pendientes para confirmar o descartar la comisión de actos de tortura. 

“Aunque alrededor de 21 estados tienen ya creadas las unidades o las fiscalías (especializadas en la investigación del delito), éstas no cuentan con presupuesto”

Chasel Colorado Piña, especialista en derechos humanos

JJ/I